Desbarajuste judicial

LOS JUZGADOS civiles de Madrid se han convertido en estos días en un punto negro en el ya oscuro pano rama de la Administración de justicia española. Des de el pasado 18 de mayo, algunos de ellos se encuen tran cerrados y otros con su actividad semiparalizada por falta de funcionarios, y en Barcelona, los jueces han alertado sobre la probabilidad de que se repita lo ocurrido en Madrid. El efecto que esta situación pro duce en el ciudadano obligado a acudir en estas circunstancias a los juzgados es desolador, y la experiencia que vive termina por agotar el ya escaso aprecio que, según las encuestas, tiene por el funcionamiento de la Administración judicial. El origen de este desbarajuste es la marcha masiva de ftincionarios que buscan en la recién creada Oficina Central de Notificaciones el plus salarial que se les promete. La mencionada oficina centralizará a partir de ahora las 200.000 diligencias anuales que realizan los 26 juzgados civiles de Madrid. La creación de esta oficina ha sido bien acogida por todos los sectores del mundo judicial, pues viene a resolver la situación de colapso en que se encontraban las citaciones judiciales desde hace casi dos años. El colapso se ha producido también por la resistencia de los funcionarios a realizar esta tarea sin compensación económica alguna.Pero si la creación de esta oficina ha sido elogiable desde todos los puntos de vista, su puesta en ftincionamiento no ha podido ser más desgraciada. La falta de previsión o la dejadez de que han dado muestras en esta ocasión los gestores del Ministerio de Justicia son alarmantes, y llama la atención que no hayan tomado todas las precauciones necesarias para evitar el presente desastre.

Una situación como la producida en los juzgados madrileños se vuelve muy principalmente contra la propia política ministerial, que siempre ha puesto especial énfasis en subrayar el carácter de servicio público de lajusticia, frente al mayestático y solemne papel casi sacerdotal que tradicionalmente ésta se ha arrogado.

Ahora parece que las vacantes dejadas en los juzgados van a ser cubiertas por interinos, pero la escasa capacidad técnica de este personal hace aleatoria esta solución. Por ello es muy probable que en los próximos meses la acumulación de asuntos civiles se agrave todavía más en los juzgados de Madrid. Por otra parte, el carácter chapucero y tardío de la medida en nada va a ayudar a reparar el daño infligido a la imagen de la justicia en un medio tan ampliamente concurrido como es el de los juzgados madrileños de lo civil, en los que entraron en 1986 nada menos que 65.471 asuntos. Este episodio, además de hacer patente una injustificable falta de previsión, es un síntoma más de los muchos que apuntan desde hace ya algún tiempo a una al menos aparente marcha atrás del Gobierno socialista respecto de sus iniciales propósitos de reforma de la Administración de justicia. Uno de ellos fue su respuesta dilatoria al memorándum que le remitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las necesidades más urgentes de la Administración de justicia.

Supeditar, como hace el Gobierno, la satisfacción de estas necesidades a la futura ley de Planta y Demarcación, que ni siquiera existe en proyecto todavía, es incitar al escepticismo que está en los famosos versos de Zorrilla: "Cuán largo me lo fiais". Pero la pasividad y la falta de iniciativas del Gobierno respecto de la marcha de la justicia se hacen más patentes todavía con el parón producido en el desarrollo de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sin el cual esta ley, en vigor desde hace ya casi dos años, apenas sirve para nada.