Boato y duplicidades burocráticas en las autonomías

El boato y la duplicidad de funciones administrativas que ha acompañado a la improvisación del poder autonómico han sido sin duda los rasgos más polémicos de la puesta en marcha de las 13 comunidades que concurren a elecciones. En Castilla-La Mancha han motejado como "la marcha verde" a la caravana de Peugeot-505 que acompaña al presidente, José Bono, en sus desplazamientos, y en Castilla y León coexisten la Consejería de Agricultura y las delegaciones del mismo ministerio. Son dos ejemplos que reflejan los signos externos del nuevo poder y la resistencia de la Administración central a retirarse definitivamente de lo que durante mucho tiempo ha sido de su indiscutida jurisdicción.

La confusión de competencias y ventanillas burocráticas se acrecienta en las regiones que mantienen las diputaciones. En general, la rapidez con que han sido instaladas las nuevas administraciones hace que todo se haya improvisado sin atenerse suficientemente a criterios de racionalidad y eficacia.Así, los servicios centrales de la Junta de Castilla y León se dispersan en 27 oficinas por todo Valladolid; alguno de ellos, como la Consejería de Cultura, precisa ocho plantas y paga 23 millones anuales de alquiler. Y, además, la junta dispone de delegaciones en cada provincia, lo cual no ha eliminado las delegaciones ministeriales que, como las de Agricultura, han sido transferidas casi en su totalidad.

Si al problema general se añade el pleito insular, las cosas llegan al extremo de Canarias: ocho consejerías se han instalado en Santa Cruz de Tenerife, en seis edificios diferentes, y otras dos, en Las Palmas, igualmente en oficinas separadas; además del palacete presidencial de San Bernardo, situado también en Gran Canaria.

En Extremadura ha sido preciso inventarse una capital, Mérida, para resolver los celos entre Cáceres y Badajoz. Y entonces ha sucedido otra cosa: el 90% de los funcionarios residen fuera de la ciudad en la que deben trabajar; de modo que cada día recorren los 62 kilómetros que les separan de Badajoz y los 71 de Cáceres, con los correspondientes costes de transporte. Y todo ello a la espera de que la junta habilite viviendas en la nueva capital.

Nuevos gastos

Algunas comunidades están abordando ya la dispersión de unidades administrativas. Aragón, que tiene 3.000 funcionarios en 29 oficinas de Zaragoza, ha decidido concentrar todos los servicios en un solo lugar. Para ello ha invertido 3.200 millones de pesetas en la rehabilitación del Hogar Pignatelli, un edificio del siglo XVIII situado en el centro de la capital.

La oposición ha criticado la magnitud de la inversión, mientras que Santiago Marraco, presidente de la comunidad, se defiende: "Primero rehabilitamos un edificio histórico, que además tiene una estructura de patios y pasillos de circunvalación que son perfectos para atender al público. Y en segundo lugar no es caro un edificio que tiene 55.000 metros cuadrados en una ciudad como ésta".

Nuevas funciones, nuevos servicios y nuevos gastos: la Comunidad Valenciana se ha dotado de 90 parlamentarios; y Navarra dispone de una Cámara legislativa de 50 escaños -en una comunidad de 700.000 habitantes-, Por lo que ha comprado un edificio de cinco plantas a fin de instalarles adecuadamente.

Asturias ha entregado el edificio de su Diputación provincial al nuevo Parlamento regional, mientras el presidente y varias consejerías se han instalado en el antiguo Banco de España, remodelado con cargo al presupuesto público -"la decisión procede de la preautonomía", aclara un alto cargo-. Baleares, con 700.000 habitantes, se ha dotado de un Parlamento con 59 escaños. Fenómenos parecidos se han repetido en todas las comunidades.

Los parlamentos regionales, durante la pasada legislatura, han tenido una vida activa con la elaboración de las leyes básicas de sus respectivas comunidades. Ahora está casi todo legislado, y, salvo las sesiones periódicas de control del Ejecutivo, no es fácil adivinar qué leyes importantes pueden llenar la legislatura que viene en muchas autonomías.

El mimetismo con las Cortes estatales lleva a algún parlamentario a quejarse de que no tengan sueldos asignados -sólo cobran dietas- como los diputados nacionales.

Estos gastos, que son los más visibles para el ciudadano, constituyen sólo una pequeña parte de los presupuestos autonómicos. Hay otros capítulos mucho más importantes, como son los de personal y gastos corrientes, que en unas comunidades han sido bien gestionados y en otras no tanto. En La Rioja, por ejemplo, el portavoz de Alianza Popular dice que todos los partidos se pusieron de acuerdo para crear una administración austera, y que esto se ha cumplido por el Ejecutivo socialista.

Algunas comunidades uniprovinciales sí han aprovechado el desbarajuste del cambio para realizar pequeñas reformas administrativas. Asturias, que tenía 103 clases de empleados públicos antes de la autonomía, ha conseguido reducirlos todos a nueve cuerpos. Madrid, que absorbió personal de muy distintas procedencias, ha reducido a dos convenios colectivos los 20 con que se encontró al principio (claro que unificando los salarios por arriba).

Pero incluso estas estructuras reformadas, que deberían ser más ágiles y eficientes, tienen que relacionarse con una Administración central que sigue siendo rígida y supercentralizada, según los autores de las reformas, con lo cual los beneficios no son los esperados.

El presidente de una comunidad socialista reconoce la pervivencia de viejos hábitos: "La Administración central", dice, "trata de reanudar su vida con circunspección de mutilado, mientras que las corporaciones locales han cambiado, simplemente, el destinatario de sus demandas de financiación".

Los automóviles oficiales, los viajes y los gastos de representación, altos y criticados en muchos casos, se justifican a veces por la necesidad de aproximar la nueva realidad autonómica a los ciudadanos y contribuir a la vertebración de comunidades artificiales.