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La Farga Casanova irá a la liquidación y sus activos pasarán a otras sociedades

Enric González

La empresa metalúrgica La Farga Casanova presentará hoy expediente de suspensión de pagos, con una deuda superior a los 7.000 millones de pesetas, como paso previo a una probable liquidación que dejará los activos en manos de nuevas sociedades. Estos días la empresa negocia con el comité la aplicación del drástico plan de viabilidad.

Según el plan de viabilidad, confeccionado por la consultora Check, se crearán dos sociedades anónimas laborales y una sociedad anónima, de gestión como paso previo a la desaparición de La Farga Casanovas. La compañía se encuentra en situación de práctica quiebra, con un déficit patrimonial próximo a los 5.000 millones, y según fuentes próximas a la misma "ni siquiera un absoluto saneamiento financiero permitiría su viabilidad, por lo que la única salida es la disolución y el traspaso de los activos y la mayor parte posible de los trabajadores a nuevas sociedades, que partan de cero".Las mismas fuentes señalaron que el Departamento de Industria de la Generalitat condicionará estrictamente sus ayudas a estas nuevas sociedades "a que los socios de las mismas no provengan de la actual Farga Casanovas", para no participar en lo que sería una simple operación de maquillaje financiero para eludir las deudas. En medios próximos a la Generalitat se insinuó, asimismo, la posible entrada de un socio tecnológico extranjero, con el que ya se ha contactado, en las sociedades que sucederán a La Farga.

La Farga Casanova y su filial Taga, con factorías en Campdevánol y Ripoll (Gerona) y Reinosa (Cantabria), se encuentran en una grave situación financiera, debida a la caída de sus exportaciones y a la deuda heredada de la crisis que sufrió en los años setenta. De aquella crisis -que pesó considerablemente en la caída del entonces principal accionista, el grupo Banca Catalana- quedó una deuda de unos 4.000 millones de pesetas, repartida básicamente entre el Banco de Crédito Industrial (2.000 millones), la Seguridad Social (1.000 millones), Hacienda (500 millones) y la Caixa Provincial de Gerona.

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