Cuentos y cuentas al revés

Con unos cuantos datos sacados de alguna manga de incierto porvenir en el oficio del malabarismo, la Ejecutiva Federal del PSOE ha pergeñado una circular, la número 23, para que sus militantes la esgriman en defensa de la política económica del Gobierno. Sin embargo, no hay en ella ni el menor atisbo de autocrítica, ni una tibia amonestación a la patronal; toda la responsabilidad por la ausencia de un acuerdo interconfederal se le achaca a los sindicatos.Mucho antes de que empresarios y sindicatos hablaran de negociación colectiva, allá por el mes de octubre del año pasado, el Gobierno cerró los presupuestos entregándole el mango de la sartén a la CEOE. Le adelantaban el tope salarial del 5%, que poco después y por exclusiva decisión del Consejo de Ministros, se le impuso a los colectivos que tampoco les está permitido el derecho a negociar sus retribuciones, funcionarios, pensionistas y trabajadores con el salario mínimo interprofesional.

Todo ello haciendo caso omiso de los correspondientes informes de los sindicatos solicitando incrementos mayores. CC OO había solicitado el 10% para el SMIG y el 8% para las pensiones, más la equiparación de las más bajas al salario mínimo.

De hecho, el Gobierno ni quiso negociar los presupuestos, ni dejó negociar libremente a los interlocutores sociales. La CEOE, con aquella sartén otorgada, se dedicó a dar sartenazos a diestro y siniestro. Se mantuvo intransigente en el 5%, lo que impidió cualquier acuerdo con los sindicatos, y ha convertido al Gobierno en su punta de lanza y parapeto de la conflictividad durante la negociación colectiva en las empresas públicas.

Nada de esto es nuevo. Se ha repetido lo que ya ocurriera en 1984. Aquél fue el primer año del ajuste duro que arrumbó el, programa electoral del PSOE. En el cuadro macroeconómico diseñado por el entonces ministro Boyer se proponía bajar cinco puntos la inflación en un año, repercutiendo todo el empeño sobre los salarios.

No le encajaban subidas salariales por encima del 7% y en consecuencia tampoco le encajaba un acuerdo que superase aquella cifra. Sin llegar a los excesos de Solchaga agitando a los empresarios, declaró que prefería el no acuerdo y así se hizo. Aunque a Boyer le haya sucedido un discípulo con peores modales, los hechos económico-sociales no se repiten por razones tan simples como el talante personal.

Ni la responsabilidad recae sólo en un ministro por mucha inclinación natural que tenga al rifirrafe, ni el reparto de la renta nacional que se ventila en un acuerdo interconfederal es independiente de la política económica en su conjunto, aprobada por todo el Gobierno con su presidente a la cabeza.

El corolario elemental que puede desprenderse de la experiencia de los dos años citados es que las políticas de ajuste que descargan todo el peso sobre los trabajadores son incompatibles y hasta enemigas de la llamada concertación social.

Los ejecutivos socialistas niegan ahora que haya habido ajuste y que los trabajadores hayan perdido poder adquisitivo. Para demostrarlo, echan mano de una curiosa comparación entre precios y salarios, sumándole a éstos una cantidad de deslizamientos fija e igual para todos los años de 1,2 puntos. También el presidente del Gobierno ha defendido el valor positivo de estas derivas salariales, con tono desafiante ante quienes opinen lo contrario, "lo diga quien lo diga".

Empleos perdidos

Sencillamente, es un dato falso. Solamente en el total de empresas de más de 250 trabajadores los deslizamientos eran en 1985 (datos de la propia Dirección General de Política Económica) del 0,4% en media. Tenían valores negativos (-0,4%) en sectores como comercio y hostelería, y los más altos se daban en minería y químicas (0,6%).

Si se incluyeran las empresas con menos de 250 empleados, que ocupan al 95% de los trabajadores; si se considera que en el período 1982-1985 296.956 trabajadores han perdido anualmente su empleo de carácter indefinido y que la eventualidad se ha generalizado sustituyendo empleo fijo con la consiguiente desaparición de muchos complementos retributivos, el resultado real sería que la tendencia negativa de los famosos deslizamientos se ha acentuado considerablemente.

En cuanto a la distribución de la renta nacional, entre 1982 y 1985 las rentas del trabajo han bajado su participación en un 5,15%, lo mismo que ha subido la del excedente neto de explotación. En 1986 se ha llegado, por primera vez en muchísimos años, a que la remuneración de los asalariados quedase por debajo del excedente empresarial en la composición del PIB. En la Comunidad Económica Europea (CEE), la primera supera al segundo en ¡22,5! puntos.

Los salarios reales se han deteriorado con derivas y sin ellas, se comparen con el IPC de diciembre sobre diciembre y más si se comparan con el nivel prometido de los precios a lo largo del año, como hace la Eurostat (CEE), como viene defendiendo desde hace varios años Comisiones Obreras y como empieza a admitir UGT, aunque todavía no lo aplique. Además de las repercusiones en los salarios y del recorte de las pensiones, el impacto más negativo del ajuste se ha sufrido en el empleo.

En los años gestionados por el Gobierno del PSOE el paro ha aumentado en más de un millón de personas. La fiebre flexibilizadora ha generado tal precariedad en el empleo que más del 90% de las contrataciones son eventuales. Ahora bien, los datos que manejan las autoridades con gran satisfacción arrojan en 1986 un saldo neto de algo más de 300.000 empleos.

Sería bueno para la democracia aprobar dos asignaturas pendientes. Dos cosas que en nuestro país siempre han ido y siguen yendo por detrás, incluso en contra de la realidad: las leyes y las estadísticas. De las leyes habrá ocasión de ocuparse cuando se discuta la anunciada ley de huelga. De las estadísticas dicen los propios expertos que hay que castigarlas hasta que te aproximen a lo real.

La tasa de actividad en España es 10 puntos más baja que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); de equipararlas nos daría algún millón de parados más de los que tenemos. El maquillaje de las cifras de paro con los criterios establecidos en marzo de 1985 es descarado. Con estos criterios, un parado de cualquier país comunitario sería en España un privilegiado que trabaja a más no poder. Después de todo eso, las cifras de creación de empleo serían mucho más modestas de las que se proclaman.

Esfuerzo inútil

Sin embargo, no es lo más importante la cantidad de empleos (misérrima) en una sociedad que está tocando fondo de destrucción de puestos de trabajo. Lo más grave es el tipo de empleo, precario y tan coyuntural que no sobrepasan en media los 2,5 meses de duración.

Padecemos una política de empleo que devuelve toda su actualidad a la descripción que allá por el año 1835 hacía Larra de algunos oficios en un artículo publicado en El Mensajero: "...Oficios que son más bien pretextos de existencia que verdaderos oficios; en una palabra, modos de vivir que no dan para vivir". En nuestros días no dan derecho ni al subsidio de paro, que, lejos de encaminar se al 48% prometido para finales de 1986, acaba de retroceder y no alcanza más que al 29,15% de los parados.

Cabe preguntarse por qué y para qué ha servido todo el esfuerzo a tan elevado coste social. Felipe González lo justificaba hace años con una de esas máximas por las que siente gran afición, aunque ésta la cogió prestada -y fuera de época- a Helmut Schmit: "...Para generar los beneficios de hoy, que serán las inversiones productivas de mañana y los empleos de pasado mañana". Efectivamente, los beneficios de las empresas han crecido, al año pasado, más del 20%. Los de la gran banca se dice que rondan los 400.000 millones, aunque después de los consejos sobre la técnica del camuflaje ofrecidos por Boyer es difícil conocerlos a ciencia cierta. Las inversiones han empezado a remontar sólo en los dos últimos años, llegando al 11% en 1986.

Una parte de ellas, con un crecimiento notable en términos relativos (42%), ha ido a parar al extranjero; otra parte, a actividades con fuertes desgravaciones fiscales, como la construcción, y, la más importante, a especulación financiera dentro y fuera de nuestras fronteras tras la liberalización de las inversiones en cartera en el exterior. Ni se han molestado en orientarlas al menos hacia la creación de redes comerciales que tan necesarias serían para soporte y fomento de nuestras exportaciones. A modernización del aparato productivo y generación de empleo se ha dedicado una mínima parte de los beneficios.

La máxima Schmitd-González no ha funcionado. Sólo se ha cumplido, y por fuerza, lo referido a los beneficios. Pero el excesivo beneficio de la banca, consideraciones ideológicas aparte, no es un buen síntoma en ningún país. Cuando la banca -que negocia con la plusvalía creada por los sectores productivos- engorda demasiado, se convierte en un jinete muy pesado que termina por debilitar las patas del caballo de la economía que lo soporta.