Cárceles 'made in USA'

"La situación en las cárceles constituye, después del déficit presupuestario, nuestro problema más acuciante". Pocos en Estados Unidos rechazarían esta afirmación del senador por Tejas J. E. (Buxter) Brown. La población carcelaria virtualmente se ha duplicado durante los años de Reagan: 530.000 reclusos purgan sus penas en las prisiones federales y en las de los Estados y alrededor de 250.000 se hallan a la espera de juicio en los centros de detención. Estos valores representan 15 veces más detenidos que en Francia, para una población que sólo es cuatro veces más numerosa.

A esto, hay que agregar el hecho de que lapolítica de law and order (ley y orden), impulsada por el actual presidente y aplaudida por la opinión pública, no ha hecho descender el índice de criminalidad. En lugar de disuadir a los potenciales autores de crímenes, parece alentarlos de alguna manera. El año pasado, la policía registró 11,8 millones de delitos; los responsables de las estadísticas suponen que un número equivalente no ha sido denunciado, lo que llevaría el total de los delitos cometidos a unos 20 millones. Es decir, que, a pesar de los créditos suplementarios con los que se beneficia, la policía sólo detiene a un número relativamente bajo de culpables. Aun así, las cárceles están superpobladas, más de lo que pernúte la ley de este país democrático.Es inútil insistir que aquí todo ocurre a la vista de todos. El Boletín de Estadísticas Judiciales informa regularmente sobre el aumento del número de presos; la American Civil Liberties Union y otras organizaciones humanitarias quieren estudiar la situación en el lugar mismo donde suceden los hechos, y presentan continuamente quejas ante la justicia. La octava enmienda de la Constitución norteamericana prohíbe los "castigos inhabituales y crueles", y ya en 1980, la Corte Suprema de EE UU había decretado, después de examinar el caso (conocido bajo el nombre de James A. Rhodes versus Kelly Champan) de una cárcel de Ohio, que la superpoblación carcelaria es una crueldad. En unos 40 Estados, comprendidas las grandes ciudades, la administración penitenciaria ha recibido de lajusticia la orden de reducir drásticamente el número de detenidos.

Sin embargo, los tribunales no dicen a dónde enviarlos, ni la Administración tampoco sabe qué hacer. Las cárceles han tomado prestadas las plazas disponibles en los centros de detención preventiva, pero en la actualidad estos últimos están, a su vez, superpoblados. Única solución posible: construir rápidamente muchas cárceles, realizando recortes sustanciales en los otros gastos presupuestarios, emitiendo bonds obligatorios que no sean imponibles (contraria mente a los US Defense Bonds) aceptando por último, en algunos Estados del Sur la creación de cárceles privadas, aunque sólo en el sector de baja seguridad, es decir, para los menores y los delincuentes poco peligrosos.

¿A dónde se llegaría aceptando esta carrera infernal de represión y de aumento de los lugares de reclusión? Muchos criminólogos, psiquiatras y juristas no dudan en rebelarse. Consideran a esta política de oportunista, e in cluso de inexcusablemente imbécil.

Seguridad

La opinión pública norteamericana continúa reclamando seguridad y exigiendo que los violentos estén entre rejas; sin embargo, no parece comprender el hecho de que la cárcel actual es terriblemente criminógena. "Es preciso saber", declara Allen F. Bread, presidente del Consejo Nacional para el Crimen y la Delincuencia, "que el 90% de los actuales reclusos están como animales en aulados y volverán a la sociedad con tanta hostilidad envenenada y odio que pronto lo harán sentir en las calles". Bárbara Ehrenreich señala por su parte: "Ya tenemos el waffare state menos desarrollado de todas las naciones avanzadas y, además, ahora vamos a reducir los créditos destinados a las escuelas y a las viviendas decentes para construir cárceles cada vez más grandes e impenetrables". Según ella, los que aceptan esta solución son como aquel que trata de secar un suelo inundado, olvidando cerrar entes el grifo.

Por aquí y por allá se comienza a hacer cálculos: un vigilante de prisión gana 25.000 dólares por año; un recluso cuesta una media de 60 dólares diarios, es decir, 21.200 dólares por año. Si se distribuyera este dinero entre los pobres, no existirían familias indigentes en Estados Unidos. Otros afirman que con este presupuesto sería posible enviar a la Universidad a todos los jóvenes norteamericanos. Estas cifras resultan sobrecogedoras, aunque se trate de opciones utópicas que, a corto plazo, resultan impracticables. De todo modos, la idea olvidada en tiempos de Reagan de que el problema de las cárceles, sin una labor social adecuada es insoluble, va ganando cada vez más adeptos en Norteamérica.

El walfare stale (estado del bienestar) ya no está oficialmente en la orden del día y, a excepción del dirigente negro Jessie Jackson, ningún candidato demócrata habla de él. Sin embargo, las estadísticas, abundantemente publicadas aquí, abogan por la eficacia de todo aquello capaz de elevar el nivel de vida. A través de ellas nos enteramos, por ejemplo, que un norteamericano corre un riesgo 15 veces mayor que un británico y 20 veces mayor que un escandinavo de ser víctima de la violencia criminal.

Hambrientos

El alcalde de Nueva York, Edward Koch, informaba complacido que los hungry people -las personas que padecen hambre- no cometían crímenes violentos, lo que resulta difícil de aceptar cuando se constata que el 99% de los 750.000 detenidos en cárceles norteamericanas pertenece a las capas sociales más pobres, y que un 50% de ellos son negros (que representan el 12%. del total de la población). Naturalmente, el hambre no es el único móvil de los crímenes y nadie niega la existencia de una patología criminal. Pero la pobreza, el bajo nivel de educación, las malas condiciones de la vivienda -en breve, las causas de una mayor desigualdad social- constituyen la base del aumento de la criminalidad en EE UU.

Un domingo en casa de John, un parole officer de Pensilvania, me ha permitido comprender mejor este problema. Negro, perteneciente a los boinas verdes durante la guerra de Vietnam, John tiene bajo su tutela a un centenar de detenidos en libertad bajo palabra por buena conducta. Su cometido hace un tiempo, cuando Pensilvania era el Estado de la siderurgia, consistía en empujarlos hacia la fábrica y reintegrarlos así al buen camino. En la actualidad, lamentablemente, esta industria está en declive, no ofreciendo ya soluciones y, en las actividades relativas a los servicios, se rechaza a las personas con un expediente judicial. Por tanto, John y unos 250 parole officers más de su ciudad se conforman con vigilar a sus protegidos para que no se procuren armas de fuego ni se conviertan en criminales. "Es el único favor que podemos hacerles, sabiendo que las plazas en las cárceles son muy caras y que se evita enviar allí a los delincuentes de poca monta". Por este motivo, cierra los ojos cuando sus ex reclusos se convierten en pequeños vendedores de droga. "Es el único medio que tienen de ganar algo de dinero. Ellos mismos casi nunca son drogadictos, pero ¿de qué vivirían sin estos ínfimos negocios? Sus familias son pobres, en la cárcel no podían ahorrar, porque allí ya no hay trabajo y el Estado no los ayuda. Si no traficaran con la droga, se convertirían rápidamente en ladrones o el diablo sabe en qué".

Él sabe, de todos modos, que se trata de una solución desesperada, porque lo jóvenes drogadictos que les compran a sus protegidos emprenderán a su vez, tarde o temprano, el camino de la cárcel, ya que cuando necesitan una dosis pierden completamente la cabeza. Le hice notar que me había descrito un círculo vicioso. Estaba de acuerdo, pero no podía hacer nada. "Lo que haría falta", dijo, "son empleos con sueldos decentes y cursos nocturnos para los que quieran adquirir conocimientos adecuados en nuestra era informatizada". También sería necesario mejorar las relaciones entre las diferentes comunidades, que, en la actualidad, desde el 'momento que se cierran los ojos, se enzarzan en una guerra no declarada. Los justicieros blancos arriesgan menos que los negros, pero ni unos ni otros dejan pasar la ocasión de disparar algunos tiros con la justificación de legítima defensa, como ya lo hizo el tristemente célebre Paul Goetz en el metro de Nueva York.

Masoquismo establecido

John no está realmente politizado y en las últimas elecciones presidenciales ni siquiera votó. Él no es, en función de su trabajo, un idalista liberal que pretenda vaciar las cárceles de inmediato ni tratar la criminalidad por medio de otra terapia, siguiendo, el modelo escandinavo. En cambio, lo que sí sabe es que EE UU practica, según él, un masoquismo establecido, que destruye el entramado social del país. En este momento ya hay más de dos millones de norteamericanos en libertad provisional o confiados a los parole officers, y resulta evidente que un incremento de la vigilancia en estas condiciones sería incompatible con las reglas de la democracia. "Cuando leo que el 60%. de los niños negros de hoy terminarán en la cárcel", dice John, "pienso que eso no sucederá así, sin más; que habrá sangre en nuestro futuro. Mientras tanto, envío a los jóvenes educados en las calles a la cárcel, con frecuencia para protegerlos de ellos mismos". En efecto, el parole officer tiene el poder de encarcelar a sus protegidos realizando unos trámites mínimos.

Combatir el crimen: desafío de Norteamérica; bajo este título, un sociólogo de renombre, Elliot Currier, ha publicado hace tres años un libro profético. Por el momento, el Gobierno de EE UU no ha aceptado el desafio de la criminalidad. Es preciso reconocer, sin embargo, que también en Europa la situación en las cárceles continúa deteriorándose y que, un poco en todas partes, el problema de soluciones de recambio, que aún están por encontrarse, debería ser una prioridad, especialmente para la izquierda.

Traducción de C. Scavino