Los constructores piden que sigan las ayudas a la vivienda oficial

La Asociación Nacional de Promotores-Constructores considera que las ayudas de las que actualmente goza la vivienda de protección oficial deben mantenerse en los mismos términos de cara al próximo Plan Cuatrienal de Vivienda. Luis Marsá, presidente de la asociación, resaltó ayer en un almuerzo con la prensa que la construcción se ha reanimado durante los últimos años gracias a los planes de vivienda y, en este sentido, expresó la inquietud de los promotores constructores ante el retraso en elaborar el que ha de regir a partir de 1988.Los promotores constructores afirmaron que uno de los principales problemas con los que se enfrentan es "la inseguridad jurídica por los vaivenes económicos". "A estas alturas", dijo Marsá, "aún no se ha empezado a discutir el plan mientras que las empresas ya deben hacer sus previsiones para el próximo año. Si se sigue a este ritmo, 1988 puede ser un año perdido".

Los promotores consideran absolutamente negativa la posible desaparición de la desgravación fiscal a la segunda residencia y tampoco se muestran de acuerdo con la reducción de la subsidiación de intereses en los créditos a los adquirentes porque son instrumentos que han demostrado su validez a la hora de relanzar el sector y "por lo tanto, la economía".

Y argumentan, además, que lo que el Estado gasta en vivienda protegida al final le es rentable. Según un estudio de la APCE por cada peseta que el Estado invierte en ayudas a la vivienda protegida, gana 2,70 pesetas (por cuotas de Seguridad Social, impuesto sobre el valor añadido y otros tributos)-y ahorra 1,18 pesetas (fundamentalmente por dejar de pagar seguros de paro y por tributación municipal).

Participación

En definitiva, la asociación solicita "ser oída" en unas negociaciones con la Administración que a su juicio son ya urgentes, y que el próximo plan siga las líneas maestras de los anteriores con ligeras correcciones.Entre ellas, la modificación de algunas características técnicas de las viviendas de forma que puedan llegar a tener hasta 100 metros cuadrados. También consideran necesaria la fijación de nuevos módulos (instrumento de cálculo de que se sirve la Administración para fijar el precio final de las viviendas de protección oficial) y la revisión automática de los mismos.

Entre las peticiones de los promotores figura también dar soluciones a la escasez de suelo mediante la creación de infraestructura que haga viable la creación de nuevo suelo urbano. Igualmente, muestran su preocupación por futuras leyes como la de Costas y la de Financiación de las Entidades Locales.

Según Manuel Martí, gerente de la asociación, "el plan de vivienda debe ser un todo integrado y con vocación de perdurabilidad". "No se puede basar en medidas coyunturales" añade, "un plan de inversión a medio y largo plazo".