Defensa, acusada de imprudencia por la muerte de María Gabarrón
Manuel Tuero, abogado del soldado Francisco Javier Suárez Martínez -acusado de la muerte de María Gabarrón, ocurrida cuando paseaba junto al cuartel de Marina el 16 de abril-, señaló ayer que, aunque su defendido pudo cometer algún tipo de imprudencia, las autoridades militares o del Ministerio de Defensa también tienen una gran responsabilidad en el suceso. Según el abogado, no se cumplieron las normas de seguridad anunciadas por el ministro de Defensa, Narcís Serra, sobre cómo efectuar los servicios de guardia.Durante su intervención en la Comisión de Defensa el 10 de marzo, Serra señaló que, para reducir el número de accidentes en el servicio militar, se habían adoptado diversas medidas, entre las que figuraba que el primer cartucho de los cargadores de los fusiles fuera de fogueo, es decir, que no tuviera bala.
Para el abogado defensor, está claro que esa prevención no se cumplió, bien porque el Ministerio de Defensa no comunicó esas normas al cuartel de Infantaría de Marina donde estaba destinado el soldado, o bien porque los mandos de la unidad no las pusieron en práctica.
Tuero indicó que el soldado se encuentra "hundido moralmente" en la prisión militar de Alcalá de Henares, y que mantiene la tesis de que el fusil Cetme que tenía el 16 de abril se le cayó mientras estaba de guardia y que así pudo producirse el disparo que costó la vida a María Gabarrón mientras ésta paseaba por la calle Arturo Soria.
El letrado, al referirse a un posible mal funcionamiento del cuartel, comentó que, como ya indicaron en las primeras diligencias, ni el servicio de guardia de la unidad ni los mandos de la misma no sólo no fueron puestos en alerta, sino que ni siquiera se percataron de que se había producido un disparo en interior del centro.
En el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid han prestado ya declaración varios jefes de la unidad, entre ellos el coronel jefe.
El abogado Manuel Tuero es también defensor del coronel Carlos Calvete, acusado de sustraer cerca de 290 millones de pesetas a la Armada.
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