Las comunidades autónomas y los ayuntamientos triplicaron el pasado año su deficit, próximo a los 300.000 millones

El déficit de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales se triplicó durante el pasado año, según las primeras estimaciones del Ministerio de Economía y del Banco de España, que apuntan una cifra que va de 250.000 a 300.000 millones de pesetas. Este cálculo ha sido elaborado a partir de las primeras cifras conocidas por Economía, ya que la resistencia de los Gobiernos regionales y locales a facilitar los datos exactos a la Administración central impide un desglose pormenorizado del déficit, que registran las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Sin embargo, en una primera aproximación, Hacienda considera que el déficit mayor corresponde a las autonomías.

Con esta partida ha quedado neutralizada la mejora del déficit estatal como consecuencia del fuerte aumento de los ingresos por IVA y por derivados del petróleo. Pese a estos esfuerzos de los contribuyentes, el déficit español de las administraciones públicas -cercano al 6% del producto interior bruto (PIB)- ha excedido por segunda vez a la media de la Comunidad Europea (CE), donde ronda el 4,7% del PIB. El Ministerio de Economía y el Banco de España proceden e stos días a cerrar sus cuadros, sobre el déficit registrado por el conjunto de las administraciones públicas durante 1986. Sólo les falta estimar con detalle las necesidades de financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, precisamente las administraciones que en los últimos años -incluso cuando se les congelaron las transferencias de dinero estatal- han formulado unos presupuestos de gastos más expansivos, con ritmos de aumentos superiores al 20%.

Las primeras cifras conocidas apuntan a que los entes territoriales arrojaron un déficit de 250.000 a 300.000 millones de pesetas. Estos cálculos multiplican por tres los 97.200 millones estimados para 1985 y duplican los 122.500 millones de 1982, cuando algunos ayuntamientos pudieron engrosar sus números rojos con vistas a la operación de saneamiento anunciada por el PSOE en la campaña electoral. En 1982 y 1983, las administraciones periféripas presentaron cuentas casi equilibradas, a falta de 2.500 y 10.000 millones, respectivamente.

Los déficit avanzados para comunidades autónomas y corporaciones locales suponen entre el 0,8% y el 1% del producto interior bruto (PIB), valorado el pasado año en 32 billones de pesetas. Ese desequilibrio financiero equivale a las reducciones anunciadas hace varios meses por el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en el déficit de caja de la Administración central del Estado, donde se cumplió el objetivo gubernamental del 4,5% gracias al exceso de recaudación aportado respecto a los presupuestos por los impuestos sobre los derivados del petróleo y por la implantación del IVA. Los ingresos fiscales crecieron un 28%, repartido en el 52% de los indirectos (algunos de los cuales pasaron con el IVA desde los entes territoriales al Estado) y otro 12% para los directos.

Así, el conjunto de las administraciones públicas -la Administración central del Estado, sus organismos autónomos, la Seguridad Social y los entes territoriales- acumuló en 1986 un déficit total próximo al 6%, del PIB. De esta forma, por segundo año consecutivo, el déficit español supera a la media registrada por los 12 países miembros de la CE, del 4,7% del PIB, aun cuando en la mayoría de ellos el año pasado descendió la presión fiscal. El año anterior, España había tenido un 6,5% de déficit, cifra mayor a la de 1982, y la CE, un promedio del 5,2%.

Pagarés del Tesoro

Calculado de la misma forma -teniendo en cuenta los intereses devengados y no pagados por los pagarés del Tesoro, que en la contabilidad pública aparecen valorados por el efectivo recibido y no por su nominal-, el déficit de 1985 habría sido de 2,16 billones de pesetas. En consecuencia, la reducción se cifraría en sólo 170.000 millones de pesetas, aunque por el crecimiento del PIB sería de 1,5 puntos, del 7,7% al 6,2%.

Las estimaciones oficiales del déficit de los entes territoriales, y en consecuencia de todas las administraciones públicas, saldrán de restar al aumento de los pasivos financieros o deudas la variación de sus activos o derechos de cobro, sobre todo depósitos bancarios. Los datos conocidos hasta el momento por este periódico indican que la deuda de comunidades autónomas y corporaciones locales aumentó en 226.000 millones de pesetas, pasando desde 1,0113 hasta 1,2368 billones de pesetas.

Por tipos de deuda, la interior aumentó desde 247.900 hasta 356.500 millones de pesetas; la exterior bajó de 27.700 a 25.000 millones, y la mantenida con el sistema bancario creció desde 735.700 hasta 855.300 millones de pesetas.

Las fuentes consultadas indican que los datos finales tampoco podrán precisar si el déficit ha procedido más de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, que tardan en facilitar sus liquidaciones de presupuestos. Pero los datos sobre deuda interior, los únicos que permiten un desglose, atribuyen un mayor desequilibrio financiero a las autonomías, cuyos títulos de deuda pasaron de 111.000 a 176.700 millones de pesetas, en tanto que los de las corporaciones locales aumentáron desde 136.900 hasta 179.800 millones de pesetas.