Una huelga insoportable

EL EMBATE de varios días de huelgas legales en Iberia y Aviaco durante: las críticas fechasde Semana Santa y la actual huelga de celo, indefinida e ilegal, han provocado ya demasiados perjuicios a los ciudadanos y la economía del país como para que el Gobierno permanezca pasivo. Si los trabajadores del sector aéreo español han decidido entrar en barrena, tenemos todo el derecho a rogarles que no nos lleven como forzosos compañeros del viaje de su descalabro.Los efectos sobre el transporte de mercancías acumuladas por toneladas con la previsión de que sufrirán un retraso de al menos 30 días para el embarco, los miles de pasajeros que han visto suspendidos o notablemente aplazados sus vuelos y una sensación general de que la salida del conflicto no se encuentra a la vista hacen todavía más irritante la situación. Una situación que en sus aspectos materiales se concretaba ayer, sólo en Iberia, en unas pérdidas netas de 1.374 millones de pesetas, a las que deben sumarse otros 9.000 millones que ha dejado de ingresar la compañía poir los vuelos. cancelados y también los daños incuantificables que pueden derivarse para las empresas aéreas españolas y para el turismo, en general, ante la inquietud que manifiestan los operadores internacionales del sector turístico.

El punto que enfrenta a. los trabajadores con la dirección se ciñe exclusivamente en el nivel de aumento salarial. La última oferta de Iberia, reticente hasta la tarde ayer a rebasar el sagrado 5%, se sitúa en el 5,5% más medio punto no contabilizable para aumentos futuros, y condicionado, este medio punto, al logro de una determinada productividad. Ante ello los trabajadores de tierra y vuelo -no pilotos- exigen una subida del 7%, medio punto menos del que solicitaban al principio. En esta reivindicación se suman los cinco sindicatos que tienen implantación en este colectivo: Comisiones Obreras, UGT, USO, SITA y ASETMA. La falta de acercamiento en las posiciones, mantenidas con una inflexibilidad tanto más censurable por los perjuicios que el enfrentamiento desencadenaa sobre la sociedad por tratarse de un servicio público, llevó a la convocatoria de una huelga en vacaciones primero y a este acoso indefinido Con el llamado trabajo a reglamento, o huelga de celo, en estos días.

La huelga es un derecho recogido en la Constitución y nadie puede cuestionar su ejercicio cuando se trata de presionar para conseguir unos objeticos que se consideran justos. Sin embargo, nuestro ordenamiento legal, en evitación de abusos que afectan gravemente a personas y bienes, establece ciertas limitaciones que merecen tenerse en cuenta en casos tan patentes como el que ahora se sufre. Así, el decreto ley sobre relaciones de trabajo de 1977 considera actos ilícitos o abusivos las huelgas rotatorias, las efectuadas por los trabajadores que presten servicios en sectores estratégicos y las de celo, o reglamento.

Nos encontramos, pues, ante un caso de manifiesta ilegalidad que permitiría a la Administración adoptar medidas excepcionales para atajar el conflicto. La más inmediata tendría que haber sido la de nombrar un árbitro que emitiera un laudo de obligado cumplimiento para las partes. Precisamente el citado decreto señala que cuando la duración de una huelga o sus consecuencias lo aconsejen, en vista de los perjuicios que se causen a la economía nacional, el Gobierno Podrá acordar la intervención de un arbitraje obligatorio. Que esto no se haya producido todavía, permitiendo que los estragos se acumulen y los usuarios sigan cargando con trastornos de diferente gravedad, dice muy poco de la responsabilidad de los gobernantes. Casi tanto como de la irresponsabilidad de quienes mantienen unas acciones ilícitas en claro desafío a los derechos de los ciudadanos. Nada menos que 275 vuelos han sido cancelados de manera definitiva en las programaciones del mes de mayo. Cancelaciones que no se levantarían ni aun en el, caso de que hoy mismo se restableciera la normalidad laboral. Todo lo que Iberia ha hecho hasta ahora para afrontar la situación ha sido la amenaza de imposibles expedientes de empleo y la anulación de contrataciones que no se llevarían a la práctica sino con el improbable visto bueno de la autoridad laboral.

El enquistamiento de esta situación es difícil de comprender. Pero todavía es másinaceptable cuando se compara con el esfuerzo negociador que se ha hecho en Renfe y que ha permitido desconvocar la huelga prevista para el día 30. En conjunto no podría decirse que las empresas públicas hayan mostrado un comportamiento ejemplar, ni por parte de la dirección ni de los trabajadores, pero el caso de las compañías aéreas desborda la bien probada capacidad de aguante que vienen mostrando los. españoles. Ni las partes directamente en conflicto, ni el Gobierno, en especial pueden seguir explotando más la paciencia y los derechos de los ciudadanos..