Lucha por el control de La Nueva Mutua, aseguradora de 160.000 coches

La Nueva Mutua, entidad que asegura a los propietarios de 160.000 vehículos e ingresa al año unos 4.000 millones de pesetas, ha convocado junta general para el próximo viernes, con el fin de aprobar la gestión de su consejo y ratificar el proyecto de nuevos estatutos, entre otros asuntos. Ambos han sido impugnados judicialmente por varios mutualistas, quienes han pedido a la Dirección General de Seguros -de momento sin éxito- que no permita ninguna junta hasta esclarecer las irregularidades denunciadas, y que intervenga la sociedad con el nombramiento de un administrador único.Además de estas denuncias, el mutualista que actuó de secretario en la junta anterior, cuyo contenido intenta el consejo ratificar en la próxima, ha comunicado por escrito al director general de Seguros que el texto del acta de dicha sesión incluído en el libro oficial difiere del aprobado por la junta. Añade el ex secretario que los estatutos allí aprobados han sido rechazados por el registro mercantil como "no ajustados a derecho", que los actuales rectores de la Nueva Mutua aplican los estatutos rechazados, y que tampoco figura inscrito en el registro mercantil el actual consejo de administración.

Impugnaciones judiciales

En las impugnaciones judiciales, admitidas a trámite por los juzgados número 7 y 15 de primera instancia e instrucción de Madrid, se relata que el nuevo consejo y el proyecto de nuevos estatutos surgieron de la junta anterior gracias a los poderes obtenidos con métodos presuntamente fraudulentos por el equipo del director general y presidente en funciones, Manuel Rodríguez Villarejo.También se indica que los actuales administradores pretenden modificar así los primeros estatutos "democráticos" de la Nueva Mutua, aprobados en junio de 1985 -un año antes de su primer intento de modificación y que impedían acceder al consejo de administración a las personas que perciban remuneraciones de la entidad o sean proveedores de ella, como es el caso de varios de los actuales consejeros. El secretario, Aurelio González Raposo, tiene una empresa inmobiliaria con Rodríguez Villarejo, y el también consejero Mariano Yebra Romero, es propietario de una sociedad que vende impresos a la Nueva Mutua, según los denunciantes.

Por otra parte, Manuel Rodríguez Villarejo ha sido objeto de una querella criminal por presunta apropiación indebida de 15 millones de pesetas pertenecientes a la Mutua.

Fuentes del consejo de Nueva Mutua y de la Dirección General de Seguros dijeron desconocer los detalles de todas estas imputaciones, que atribuyeron a una batalla por el acceso al poder en la citada mutualidad.