Los licenciados universitarios con cinco años de experiencia podrán obtenerla condición de auditor

La profesión de auditor podrá ser ejercida en España por cualquier persona que tenga un título universitario, que acredite cinco años de experiencia en esta actividad y que haya superado una prueba de aptitud, de acuerdo con el último borrador de proyecto de ley de Auditoría. La nueva ley no entrará, por otra parte, a regular la organización profesional en la que deben agruparse los auditores. Para hoy está previsto que el ministro de Economía, Carlos Solchaga, se reúna con los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, Guillermo de la Dehesa y José Borrell, para dar el visto bueno definitivo al borrador.

Estas dos ideas, que son calificadas de "ultraliberales" por algunos de los expertos que han participado en la elaboración del documento, han triunfado frente a quienes proponían un acceso más selectivo a la profesión. Según esta última postura, los licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales son los mejor capacitados para garantizar seriedad en la elaboración de la auditoría. Para los primeros, una regulación estrecha en este aspecto sería como "ponerle puertas al campo", pues el mercado, con sus propias leyes, determinará, en última instancia, quién se llevará el gato al agua en las enormes posibilidades de negocio que abre la regulación de la auditoría, ya que será obligatoria para todas las medianas y grandes empresas.

En esta lucha por el reparto del pastel se han encasquillado los trabajos de la comisión creada para redactar el borrador. Una guerra que enfrentó también a las áreas de Economía y de Hacienda, en la época en que Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Juan Francisco Martín Seco eran sus titulares respectivos , antes de la última remodelación ministerial.

En aquel momento, ahora hace un año, Hacienda mantenía una postura liberal, mientras que Economía pretendió ponerle cerco al acceso a la profesión de auditor. Sin tener demasiado en cuenta los criterios de la comisión creada entonces para elaborar el documento, Martín Seco dio lo que algunos definieron como un "golpe de Estado". Impuso sus amplios criterios en el documento final, con el desacuerdo de Economía, lo que provocó que no saliera adelante. La ley quedó también paralizada porque la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia reclamó para sí las competencias sobre los aspectos contables que contenía el borrador.

Los nuevos criterios

Ahora, con Guillermo de la Dehesa al frente de Economía, las cosas pueden empezar a cambiar. Su criterio es que exista una máxima libertad, por lo que no cabe prever un nuevo enfrentamiento con Hacienda. La guerra, sin embargo, se desarrollará en otro frente. En medios profesionales se ha planteado la posibilidad de que, si la ley se aprueba ,definitivamente como está ahora diseñada, los estudiantes de Económicas podrían salir a la calle, en una lucha por no compartir una de sus salidas profesionales con mayor futuro.

El argumento de esta parte de la polémica es que no se entiende muy bien cómo a los licenciados en Económicas se les exige, además, acreditar una experiencia de tres años de trabajos realizados en el ámbito financiero, contable y jurídico, de los cuales dos tendrán que ser como auditor, mientras que a cualquier otro licenciado sólo se le exijan dos años más. La octava directiva de las Comunidades Europeas señala únicamente las materias que el aspirante a auditor tiene que haber cursado, que coinciden con las que se estudian en la carrera de Económicas, sin entrar en cuestiones de titulación.

La comisión de expertos, que se volvió a reunir en febrero de este año, se colocó en el mismo callejón sin salida. Se llegó al extremo de elaborar un documento conocido como el de "las tres columnas", en el que se planteaban tres posibles opciones a éste y otros aspectos polémícos de la ley y para que la decisión final fuera política. Para limarlo aún más, se delegó en cuatro de sus componentes: Carlos Cubillo Antonio Noguero, ambos del Instituto de Planificación Contable; Carlos Pascual, de la Secre taría de Estado de Economía, y Enrique Corona, de la Dirección General de Seguros.

El otro punto de controversia a organización profesional es si de los auditores deberá o no regularse en la nueva ley y si se creará un Consejo Nacional, de Auditoría como organismo de control. Finalmente, la ley no entrará a regular la organización de la profesión -en el borrador elaborado hace un año se creaba un Colegio Nacional de Auditores-, fundamentalmente porque con ello se crearía un problema de competencias con las comunidades autónomas, ya que éstas tienen la facultad de autorizar la creación de colegios.

Se va a mantener la idea de un Consejo Nacional de Auditoría que, en principio, estaría formado por representantes de la Administración y de los profesionales. La última propuesta es que el Consejo Nacional se rija por el principio de subsidiaridad, es decir, actuará donde no lleguen las organizaciones profesionales.