Primeras medidas de la Junta para acelerar la aplicación de la ley

J. A. C. La promulgación de los decretos de actuación para las comarcas de Estepa-Osuna, en la provincia de Sevilla, y de la Vega de Córdoba, serán las primeras medidas que adopte el Gobierno andaluz en relación con la reforma agraria tras haberse logrado el desbloqueo definitivo del proceso en el Tribunal Constitucional, según señalaron fuentes de la Consejería de Agricultura.

Estos decretos de actuación, que incluirán expropiaciones de fincas, estaban muy adelantados cuando en febrero de 1986 la Audiencia Territorial de Sevilla invalidó el reglamento de la ley y bloqueó el proceso. El Gobierno andaluz, que posiblemente hasta el próximo sábado no haga público un pronunciamiento expreso sobre el futuro de la reforma agraria tras la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene el propósito de acelerar a fondo el proceso, según confirmó ayer el presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, en un acto organizado por el PSOE regional para celebrar la sentencia.

Rodríguez de la Borbolla destacó el hecho de que la sentencia ha sido adoptada por unanimidad, sin la inclusión de votos particulares contrarios, y de que en ella de descalifiquen todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por AP. "La sentencia contesta no sólo a Alianza Popular, sino también al ministro Carlos Romero", comentó ayer un destacado miembro del Gobierno regional en referencia al rechazo que el programa de reforma agraria ha encontrado en el Ministerio de Agricultura.

Por su parte el vicepresidente ejecutivo de Alianza Popular, José Ramón del Río expresó el "acatamiento total" de su partido a la sentencia, aunque eludió un pronunciamiento sobre su contenido hasta conocer el texto en profundidad. El presidente de la patronal Federación de Agricultores y Ganaderos de Andalucia (Fasaga), José Bohórquez, afirmó que, independientemente de la sentencia, la reforma agraria resulta inaplicable por ser opuesta a las directrices comunitarias en materia se política agraria.

Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía afirmaba en un comunicado que falta "voluntad política" en el Gobierno andaluz para llevar adelante el pro yecto, y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) instaba a la Junta de Andalucía "a cumplir con su obligación".