José Granados Weill

José Granados Weill, que alcanzó el grado de coronel durante la guerra civil española en el bando de Franco y que dedicó los últimos 34 años a su profesión de procurador, ha sorprendido a propios y extraños con la iniciativa, como presidente del Consejo General de los Colegios de Procuradores, de suprimir las famosas astillas (cantidades ilegales entregadas en las oficinas judiciales a cambio de un trato de favor). A algunos funcionarios les ha caído mal este acuerdo, y muy pocos procuradores se resisten a secundarlo. Pero Granados lo tiene claro. "No vamos a dar un paso atrás", dice con firmeza.

Granados, melillense de 72 años, casado y padre de cinco hijos, es presidente desde hace más de 10 años de los aproximadamente 6.000 procuradores de España. En enero de este año logró un acuerdo unánime del Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, considerado histórico para acabar con la corrupción en las oficinas judiciales.Lo decidido fue que cada colegio de procuradores "recabe el compromiso formal de sus colegiados, individualmente o en la forma que estime oportuno cada colegio, de no hacer entrega de cantidad alguna en las oficinas judiciales si no es en pago de recibo oficial, caso de consignación, debiendo tomar las medidas oportunas para el cumplimiento de este acuerdo con aquellos colegiados que lo incumplan". El colegio de Madrid, que preside también José Granados, ha recogido ya las firmas de más del 90% de sus casi 700 miembros.

Es quizá la mejor respuesta a unas palabras, que Granados recuerda, de uno de los representantes sindicales de los funcionarios judiciales durante las recientes jornadas sobre la corrupción en la justicia: "Tan marica es el que toma como el que da". "No sabemos a quién se referiría", señala Granados, "pero nosotros ya no nos sentiremos aludidos". Al margen de esto, se muestra muy comprensivo con estos funcionarios: "Trabajan mucho y sus reivindicaciones deben ser expuestas claramente y atendidas. Pero el justiciable no debe pagarles, porque se produciría una discriminación entre el litigante rico y el pobre"

Lo cierto es que a raíz de la actitud generalizada de los procuradores, que puede terminar con la denominación de plaza de la Astilla con la que se conocía la plaza de Castilla (sede del edificio madrileño de los juzgados), algunos funcionarios judiciales promovieron una huelga de celo. A Granados no le cabe en la cabeza que esta actitud guarde relación con el acuerdo corporativo. "¿Cómo es posible que nuestra decisión de no pagar cantidades ilegales pueda molestar a alguien?", se pregunta entre ingenuo y pícaro.

Otras personas, contrarias al acuerdo de los procuradores, les han reprochado que al decidir que no van a darse astillas en lo sucesivo están reconociendo implícitamente que antes las daban. Granados no quiere entrar en ese terreno, porque lo considera inútil. "Yo no sé lo que hacía antes cada procurador. Si a mí me denuncian uno que haya pagado cantidades ilegales", dice, "yo le abro expediente. Pero de lo que se trata es de clarificar la situación, no de complicarla. Nosotros hemos tomado nuestro acuerdo a la vista de la supresión de las tasas judiciales y porque no queremos que se ofenda la imagen de la justicia poniendo en duda la honestidad de sus colaboradores".