Jueces para la Democracia pide a Pujol que aclare unas manifestaciones

El colectivo de Jueces para la Democracia, correspondiente a la sección territorial de Cataluña, anunció ayer a través de un comunicado público que se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales contra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, si no desmiente o rectifica públicamente unas declaraciones difundidas en el semanario Cambio 16. Este colectivo de jueces entiende que Jordi Pujol debe aclarar unas frases que en la citada publicación se le atribuían textualmente: "Jueces y abogados hablan en castellano y los abogados recomiendan a sus clientes que hablen en castellano a fin de no indisponer a los jueces y a los fiscales. Todo eso tiene que acabar. Eso de que un abogado le tenga que decir a su defendido: 'Hable usted en castellano a este juez o su asunto le costará un año más de cárcel'. Y eso pasa. Pregúnteselo, si no, a cualquier abogado".Estas afirmaciones fueron matizadas por Pujol en una carta enviada al presidente de la Audiencia, Jaime Amigó de Bonet, y recogida brevemente en algún medio de información. El colectivo de Jueces para la Democracia no considera este documento como una rectificación. Esta misma cuestión fue abordada en una reunión de magistrados de la Audiencia de Barcelona. Fuentes judiciales señalaron que parte de los magistrados estimó que la carta de aclaración enviada al presidente era suficiente, dando por zanjado el tema.

La sección de Cataluña de Jueces para la Democracia, reunida la semana pasada, entiende que estas afirmaciones contienen una acusación de "trato discriminatorio por razón de la lengua y, por tanto, de prevaricación". La nota redactada por la asociación señala que de las declaraciones se podría interpretar que la Generalitat induce al pueblo catalán a la desconfianza en la justicia. "Dada la gravedad del asunto", subrayan, "y porque no podemos creer que el Honorable Presidente haya lanzado esa calumnia contra la Judicatura en Cataluña, le pedimos aclare las manifestaciones". Este colectivo señala que podría ejercer acciones legales para salvaguardar la verdad y el derecho al honor, "con independencia de las que corresponde ejercer al Ministerio Fiscal".