El Gobierno filipino quiere acabar con los sectores católicos favorables a la guerrilla

La próxima inculpación de un sacerdote por supuesta complicidad con los guerrilleros comunistas, que el sábado pasado mataron a seis soldados y tres civiles, forma parte de una campaña lanzada en los últimos días por las autoridades filipinas que, según los observadores, pretende aislar la insurrección de la Iglesia católica. En menos de una semana, una serie de incidentes han sacado a la luz las actividades subversivas de una parte de los sacerdotes filipinos y la voluntad del Gobierno, hasta el momento muy pasivo, de no seguir tolerándolas.

El último de estos incidentes tiene como protagonista al sacerdote Diosdado Ladera, que está acusado de haber prestado su automóvil para trasladar a algunos de los 20 guerrilleros que tendieron una emboscada mortal en la provincia de Misamis oriental, en la isla de Mindanao.Por otra parte, los representantes de tres congregaciones religiosas en Mindanao, entre ellas las carmelitas y las asuncionistas, negaron el pasado jueves, en presencia del arzobispo de Davao, Antonio Mabutas, las acusaciones del Ejército filipino según las cuales esconden armas en sus conventos, según señaló ayer la agencia filipina de prensa PNA.

En Davao, los militares proyectan celebrar el próximo día 25 un desfile en el que se portarán ataúdes dentro de los cuales estarán encerrados los restos de unas dos docenas de víctimas de la guerrilla comunista descubiertos en los alrededores de la ciudad. El jefe local del Ejército, el teniente coronel Franco Calida, ha declarado que el desfile servirá para demostrar a la gente "las atrocidades cometidas por el Nuevo Ejército del Pueblo" (NPE, la guerrilla comunista).

La semana pasada, un sacerdote había sido detenido a raíz de un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo de guerrilleros en Mindanao, mientras un registro en un convento de la isla de Panay había permitido descubrir un depósito de armas, los documentos sobre un plan de una emboscada tendida la semana precedente por la guerrilla, que había producido ocho muertos, así como una lista de personalidades tanto civiles como militares a las que se proyectaba asesinar.

Simpatía hacia la guerrilla

La jerarquía de la todopoderosa Iglesia católica filipina, dirigida por el cardenal Jaime Sin, es en general favorable a la presidenta Corazón Aquino, pero una parte de los sacerdotes y las monjas que viven en el mundo rural simpatiza desde hace tiempo con los guerrilleros, y algunos miembros de las comunidades religiosas, reagrupados en el movimiento Cristianos para la Liberación Nacional, constituyen uno de los 12 componentes del Frente Nacional Democrático, órgano político de la guerrilla.

La Iglesia católica juega en Filipinas un papel muy especial, como lo prueba el hecho de que un obispo, Antonio Fortich, hubiera sido encargado de presidir la Comisión Nacional de Vigilancia de la tregua de 60 días que concluyó recientemente entre el Ejército y la guerrilla.

El cardenal Sin declaró el pasado viernes a los representantes de las órdenes religiosas que, de acuerdo con el Vaticano, hay que evitar cualquier tipo de compromiso político. En particular, Sin se refirió a la prohibición de ayudar a la guerrilla comunista y con mayor razón, a militar en ella.

La intervención del cardenal Sin, según señalan los observadores, ha coindidido con el desencadenamiento de la caza a los curas rojos y con el anuncio, por parte del partido Ng Bayan -la única agrupación política de izquierdas legal en filipinas- de su intención de presentar a dos religiosos como candidatos a la elecciones para la Cámara de Representantes que se celebrarán el próximo 11 de mayo.