Los padres de Yolanda González acusan al juez de la fuga de Hellín

Eugenio González y Lidia Martín, padres de Yolanda González, asesinada el 1 de febrero de 1980, han presentado querella criminal contra el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, José Donato Andrés Sanz, por estimar que el permiso que concedió a Emilio Hellín, condenado por dicho asesinato, facilitó su fuga. Según explicó ayer el abogado José Mariano Benítez de Lugo, los delitos de que se acusa al juez Andrés Sanz son los de prevaricación (dictar resolución injusta), usurpación de funciones, evasión de presos e infidelidad en su custodia.Lidia Martín explicó que ella y su marido se encontraban "derrumbados" tras la actuación judicial que había permitido la fuga del asesino de su hija. Entre las trabas para la interposición de la querella ante el pleno de la Audiencia de Valladolid, en funciones de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha habido que recurrir a un procurador de oficio, porque ningún procurador quiso hacerse cargo "por un temor reverencial hacia los jueces", según la interpretación de Benítez de Lugo.

La querella interpuesta imputa al juez Andrés Sanz el delito de prevaricación, por entender que tanto de su actuación como de sus declaraciones posteriores se deduce que su resolución fue injusta, a sabiendas o por negligencia inexcusable. Le acusa también del delito de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 378 del Código Penal como el que comete "el juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades administrativas". El abogado Benítez de Lugo explicó que la legislación penitenciaria no permite autorizar permisos de salida a Ios reclusos contra el parecer de la junta de régimen penitenciario.

Evasión de presos

Además de estos delitos, castigados con penas de inhabilitación y suspension, los querellantes acusan al juez Andrés Sanz de otros delitos que podrían llevar a la cárcel al juez de vigilancia penitenciaria. Se trata del delito de infidelidad en la custodia de presos, que requiere la existencia de connivencia con el fugado, castigado con penas de hasta seis años de cárcel. Esta misma pena es la que corresponde a otro de los delitos que se imputan al juez: el consistente en facilitar la evasión de presos.El abogado de los querellantes expresó su sorpresa por las reacciones corporativistas en apoyo del juez Andrés Sanz. Benítez de Lugo ha planteado la inconstitucionalidad sobrevenida del antejuicio, por considerar que este viejo privilegio, en virtud del cual es precisa la previa autorización del tribunal para proceder contra un juez o magistrado, ha sido derogado en la práctica por la Constitución.