La oposición cree que los funcionarios tendrán menos derechos sindicales que otros trabajadores

La ley que regulará las primeras elecciones sindicales de los funcionarios recibió ayer en el Congreso fuertes críticas por la derecha, el centro y la izquierda, con reproches a la escasa capacidad de negociación que se concede a los funcionarios en relación con otros trabajadores, según Izquierda Unida (IU), y el favor con que se trata a los sindicatos existentes, según Coalición Popular y el Partido Demócrata Popular (PDP).

Los votos socialistas rechazaron ayer las cinco enmiendas de devolución presentadas por otros tantos grupos de oposición a la ley de órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal de las Administraciones Públicas, que fue presentada por el ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia. La ley, que seguirá ahora su trámite en comisión, será el marco en el que se celebren las elecciones sindicales previstas para el próximo octubre.El Gobierno no oculta que con esta ley trata de favorecer "grandes confederaciones de sindicatos" de funcionarios, en detrimento de un sindicalismo que defienda intereses de pequeños grupos. En suma, pretende "alejarse del corporativismo", según palabras de un alto cargo del Ministerio de Administraciones Públicas.

El titular del departamento, Joaquín Almunia, encontraba en las enmiendas de devolución presentadas por Coalición Popular, el PDP, el Centro Democrático y Social (CDS), IU y Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, dos tipos de oposición. Por una parte, "la que representa Coalición Popular, que tiene una concepción de la Administración basada en el corporativismo y sobre el cual quiere basar la representación de los funcionarios". En otro bloque situó a Izquierda Unida y el CDS: "Estos grupos pretenden dar a los funcionarios poderes que corresponden al Parlamento". Con ello, el ministro entra en la polémica de si lo! funcionarios tienen o no capacidad para discutir el aumento de sus retribuciones, aspecto que, según el Gobierno, corresponde a las Cortes, ya que son salarios que entran en los Presupuestos Generales del Estado.

Esta ley afecta a 1,1 millones de funcionarios, incluyendo trabajadores de la Administración del Estado, personal de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Tan sólo quedan excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, los jueces, magistrados y fiscales y los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

La Ley consagra a los delegados de personal y a las juntas de personal como órganos de representación. Estas juntas se constituirán en unidades electorales, y a ellas podrán presentar candidatos las organizaciones sindicales legalmente constituidas.

El diputado de AP Juan Luis de la Vallina criticó el hecho de que la ley establezca "esas grandes unidades administrativas" como órganos electorales, al considerar que perjudica a los funcionarios.

El diputado de Izquierda Unida-Esquerda Catalana Ramón Espasa criticó la insuficiente participación de los funcionarios en la configuración de las retribuciones, así como la invasión de competencias de la Administración central con respecto a las comunidades autónomas. Este último capítulo quedó soslayado, de momento, por las garantías de Almunia de que en el trámite de comisión se modificará.

Andrés Ollero, del PDP, hizo críticas muy similares a las del portavoz de AP respecto a la unificación de todos los funcionarios a la hora de la negociación.