El hombre de la negociación

El Gobierno español mantuvo durante unos cuatro meses contactos permanentes con Txomin Iturbe Abasolo, al más alto nivel, a través de un intermediario que representaba a quien era considerado por el Ministerio del Interior como el máximo dirigente de la organización terrorista ETA, según publicó este periódico en agosto de 1986.El diálogo se estableció en el mes de marzo de ese año a petición de los interlocutores gubernamentales y continuó con mayor intensidad tras la detención de Iturbe en el sur de Francia, el 27 de abril de 1986.

Los contactos con Iturbe fueron una de las dos iniciativas para comenzar una negociación entre ETA y el Estado. La segunda operación, propiaciada por dirigentes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), a petición de medios próximos a ETA, comenzó a finales de mayo de 1986 y tuvo su desenlace en las gestiones para intentar que Iturbe permaneciera unas pocas semanas confinado en territorio francés tras su excarcelación de la prisión de Gradignan, en Burdeos, el 11 de julio de aquel año.

Las conversaciones con Iturbe comenzaron a petición de los interlocutores gubernamentales en el mes de marzo de 1986, a través de una personalidad política vasca que conocía desde tiempo atrás a Txomin Iturbe.

Este intermediario quiso aclarar desde el primer contacto que su participación en el diálogo no tenía más sentido que representar los puntos de vista de Iturbe, al que consultaría permanentemente.

El dirigente etarra hizo saber en las conversaciones inciales que si la oferta de diálogo se limitaba a la planteada el 22 de agosto de 1984 por el ministro del Interior, José Barrionuevo, no tenía ningun sentido seguir hablando. Barrionuevo había declarado en aquella fecha que sólo estaba dispuesto a negociar con ETA, citando expresamente a Iturbe, el lugar y la hora en que la organización terrorista entregaría las armas tras su disolución.

La detención de Txomin Iturbe cuando ya habían comenzado las conversaciones desconcertó al intermediario, que pidió explicaciones. Los representantes del Gobierno dijeron no haber solicitado la reclusión del refugiado, cuyos movimientos en el País Vasco francés eran perfectamente conocidos por la policía de ese país desde muchos meses antes.

Tras publicarse estas informaciones, el Gobierno declinó hacer comentarios sobre las mismas. Un alto cargo de la Oficina del Portavoz del Gobierno se limitó a declarar que el Gobierno no tenía "ningún comentario que hacer" a las informaciones publicadas. Dicho representante mantuvo la misma actitud cuando fue informado de que, según datos ulteriores, un ministro y un director general estuvieron personalmente involucrados en los contactos con el intermediario de ETA y de Txomin Iturbe Abasolo.

Pocos días después, Christianne Fando, la abogada de Txomin Iturbe aseguró en unas declaraciones a Radio Euskadi, que su defendido no había tenido "personalmente contactos ni intentos de negociación con las autoridades españolas".