Unánime rechazo sindical de la petición de Solchaga para contener los salarios

Todos los sindicatos reaccionaron ayer contra los consejos que Carlos Solchaga, ministro de Economía, dirigió a los empresarios pidiéndoles que no cedieran ante las presiones sindicales en la negociación colectiva. Las palabras del ministro fueron calificadas de "chantaje, provocación y agresión" a los trabajadores de forma prácticamente unánime por las organizaciones obreras.

Las palabras de Carlos Solchaga llamando a la resistencia patronal lograron ayer unir a todos los sindicatos. USO, CNT, CC OO y UGT reaccionaron en términos muy semejantes y criticaron con dureza las palabras del ministro. Miguel Angel Ordóñez, secretario de imagen de UGT, calificaba de intolerable "el dirigismo económico" del responsable de Economía y le responsabilizaba de la conflictividad que pudiera desatar se en las mesas de negociación."UGT", dijo, "no va a caer en la provocación y hoy por hoy, prefiere mantener el diálogo social pese al chantaje que Solchaga intenta ejercer sobre los empresarios amenazando con medidas coercitivas si no se oponen a nuestras reivindicaciones". Ordóñez lamentó que un ministro de este Gobierno "termine recibiendo el aplauso de los empresarios y la recriminación de los trabajadores". Afirmó que "lo menos que puede hacer es respetar la libertad de las partes y no tratar de imponer topes salariales".

La federación de banca de UGT hizo público un comunicado en el que "rechaza la política antisocial con la que pretende paliar el ministro de Economía, señor Solchaga, su incapacidad e ineptitud para ofrecer una solución a la crisis economica El comunicado acusa a Solchaga de defender los intereses de la banca "con una dedicación digna de mejor causa".

Marcelino Camacho, secretario general de CC OO -que confirmó ante los delegados de CC OO, la celebración de una jornada de manifestaciones el próximo 12 de marzo- aseguró ayer que "las palabras de Solchaga rayaban en la chulería". El dirigente sindical afirmó que el ministro había provocado a "trabajadores y sindicatos de este país. Y lo más lógico es pedir su dimisión".

Camacho aseguró que había visto durante su vida muchos ministros, "socialistas y republicanos, pero nunca un ministro que dice ser socialista ha dicho cosas como ésta".

Gerardo Iglesias, secretario general del PCE, calificó las manifestaciones de Solchaga como "una convocatoria de huelga general".

Culpable, el ministro

Agustín Moreno, secretario de acción sindical de CC OO, afirmó que se puede reducir la inflación sin tener que sacrificar a los trabajadores. Y, al igual que hiciera UGT, responsabilizó al ministro de la conflictividad que pueda desatarse".La CNT, en un comunicado difundido ayer, afirma que la actitud del ministro "es chantajista" y supone el "paso de una factura adelantada a los empresarios por la prometida rebaja del 5%. en las cuotas a la Seguridad Social a partir de julio".

La CNT señala que todo parece indicar que el Gobierno va a seguir aplicando medidas flexibilizadoras, lo que "dice muy poco a favor de la voluntad democrática y dialogante de este Gobierno que debería cesar al ministro de Economía".

USO se pronunció en términos muy parecidos. Y las declaraciones de Solchaga son, según esta central, un ejemplo de "desfachatez" y una prueba de que el Gobierno intenta mantener una política basada en rebajar los salarios sin contar con los sindicatos.

Javier Solana, ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, sostuvo ayer tras la reunión del Consejo de Ministros, que si se desata en los próximos meses una conflictividad laboral no será responsabilidad del Gobierno, "que no es interlocutor en la negociación salarial", dijo, sino consecuencia del comportamiento de empresarios y sindicatos.

El portavoz gubernamental se esforzó en desdramatizar el llamamiento a la firmeza hecho por Solchaga el pasado jueves en una reunión con más de 400 empresarios y declaró que el riesgo de que se produzca una conflictividad laboral generalizada "no puede traerle sin cuidado a ningún Gobierno serio". Solana reiteró que el Ejecutivo "no es partidario de que se produzca una pérdida del poder adquisitivo en los salarios".