La entidad financiera rechaza los datos de la querella criminal sobre la fusión bancaria

Banesto rompió el pasado viernes su silencio sobre los datos básicos de su fusión con el Banco Coca y el posterior proceso de renegociación de deudas. Hasta ahora, sólo se contaba con la versión de la familia Coca, contenida en la querella criminal presentada contra altos cargos de Banesto.

Para Banesto, la deuda que reclama arranca del compromiso aceptado por Ignacio Coca de prestar su garantía personal a los eventuales fallidos que pudieran presentarse en el banco absorbido. En el momento de otorgarse la escritura de fusión, en septiembre de 1978, Ignacio Coca garantizó el buen fin de 36.698 millones de pesetas, importe de los créditos concedidos a 165 sociedades vinculadas a su persona, la mayor parte de las cuales carecían de solvencia. El banco indica que, de esta suma, 26.484 millones eran créditos nuevos, concedidos a espaldas de Banesto y con la sóla firma de Coca, en cuatro meses que siguieron al acuerdo de intención, firmado en diciembre de 1977.

Según la entidad financiera, no sólo no se pagaron nunca esos créditos ni sus intereses, sino que las sociedades de Coca siguieron demandando nuevas ayudas de tesorería hasta un total neto de 6.314 millones de pesetas, que les fueron concedidas para evitar su colapso, que hubiera sido inevitable de no haber procedido de esta manera. Después de reiterados incumplimientos, el banco se vio obligado a hacerse caso de 51 sociedades que habían recibido créditos por 35.478 millones, liberando con ello a Coca de la garantía personal prestada por él a los mencionados créditos y, simultáneamente, procedió a refinanciar el resto de la deuda, mejorando las condiciones anteriores, en el sentido de elevar hasta 20 años el plazo de amortización de los créditos y de reducir el tipo de interés al 8%.

La última negociación

En el momento del suicidio de Coca 26 de junio de 1986 el principal más los intereses debidos hasta entonces se elevaba hasta una cifra aproximada de 45.000 millones de pesetas, cantidad muy superior a la valoración del conjunto patrimonial prestado en garantía y que, según los propios deudores, ascendía a 23.000 millones de pesetas, cuando Banesto no estimaba para el mismo un valor superior a los 15.000 millones de pesetas.En las negociaciones entre los Coca y Banesto, tendentes a buscar una cancelación de la deuda, los primeros pretendieron retirar de la garantía la parte sustancial y más selecta de los bienes (palacete de Orfila, oficina de la calle Almagro, residencias de verano en Marbella, finca La Cepilla, valiosas colecciones particulares de pintura y obras de arte existentes en las diferentes propiedades, acciones de Banesto por un valor efectivo de más de mil millones de pesetas, y 300 millones en efectivo para afrontar la solución de un pleito familiar).

Según Banesto, la entidad respondió a aquellas pretensiones "con una propuesta generosa", que permitía a los Coca retener todo lo ligado de manera más directa e íntima a la familia, pero tal propuesta fue rechazada de plano. "Ante la evidente imposibilidad de llegar a un acuerdo y de cobrar la deuda, Banesto decidió entonces iniciar la ejecución de los créditos vencidos". La primera póliza de crédito personal ascendió a 11.290 millones.