El juez archiva la querella criminal contra Banesto por atentar contra la vida de Ignacio Coca

El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Lorenzo Pérez, decidió ayer no admitir a trámite la parte de la querella criminal presentada por la familia Coca contra altos dirigentes de Banesto, por el delito contra la vida e integridad del banquero que se suicidó el pasado 26 de junio. Así, queda pendiente la otra parte de la querella, por los delitos de falsedad en documento y usura, admitida por el juez Eladio Galán. Por otra parte, el abogado Horacio Oliva pedirá hoy la venia a Marcial Fernández Montes para defender penalmente la causa de los Coca, según informaron medios jurídicos.

El juez Lorenzo Pérez decidió ayer no admitir a trámite la parte de la querella criminal presentada por la viuda e hijos de Ignacio Coca contra cuatro altos dirigentes de Banesto (Pablo Garnica, José María López de Letona, José María Sainz de Vicuña y Manuel Igea) por atentar contra la vida e integridad del financiero que se suicidó el pasado mes de junio. El suicidio de Coca ya había sido archivado judicialmente; sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Eladio Galán, remitió al letrado Lorenzo Pérez la parte de la querella criminal contra la vida e integridad de Ignacio Coca, por si procediese reabrir la causa. Ahora, el mismo juzgado que antes, el 32, ha vuelto a archivarla. El auto afirma que "no hay ninguna relación causal entre dicho suicidio y las legítimas gestiones de cobro por parte de Banesto".Informe médico

La parte de la querella contra la vida de Ignacio Coca estaba sustentada de modo determinante por el informe médico del doctor Pozuelo, que atendió al financiero hasta su suicidio. Sin embargo, el doctor Pozuelo ya declaró en el mes de junio ante el juzgado por lo que, al parecer, el juez ha considerado que en la querella no se aportan pruebas nuevas. En el documento, Pozuelo describía pormenorizadamente los últimos días del banquero: "En mi conversación, hacia el 22 de junio" dice Pozuelo, "encontré que el paciente estaba en un estado de suma angustia, prometiéndome que cuando acabara todo el asunto ya se cuidaría, pero que por aquel entonces se le exigía en el banco algo que él no podía hacer y que no sabía cómo iba a acabar todo aquello. Después de esta llamada no volví a saber fiada del paciente hasta que la familia me llamó dándome a conocer la tragedia final".

Ignacio Coca, hijo mayor del financiero, declaró ayer al conocer el auto que la familia "respeta la decisión judicial. La única intención que tuvimos al presentar esta parte de la querella fue hacer pública nuestra convicción moral de que mi padre tomó su decisión final debido a la fuerte depresión psíquiea motivada por la presiones de Banesto".

Paralelamente, fuentes jurídicas informaron ayer que los Coca han fichado al abogado Horacio Oliva para que se haga cargo de su causa penal contra Banesto, que ha quedado reducida por el momento a los delitos de falsedad en documento mercantil y usura. Para hacerse cargo del caso, Oliva deberá pedir la venia a Marcial Fernández Montes, que inesperadamente abandonó el asunto la pasada semana, sin que todavía se hayan revelado las razones oriciales de su retirada. Los Coca no quisieron confirmar esta elección por cuanto "mientras Fernández Montes no dé la venia ninguna decisión será firme". El letrado Juan Moya, del despacho de Fernández Montes declaró ayer a la agencia Efe que todavía no habían pedido la venia los abogados que representarán a la familia, y consideró que la no admisión de la querella "puede obedecer a que el asunto ya ha sido considerado en anteriores diligencias".

Los recursos

Aunque será el nuevo abogado el que tenga que decidir la estrategia, los Coca recurrirán "probablemente" el auto del juez del 32, primero en recurso de reforma ante el propio juez y luego ante la Audiencia Nacional. Asimismo, es casi seguro que pedirán que se retrase la declaración en el Juzgado número 7 de Garnica, López de Letona y Sainz de Vicuña, citados en diligencias para pasado mañana, "hasta que el nuevo abogado domine el caso".

El delito de falsedad se contiene en la querella por haberse faltado a la verdad en la narración de los hechos al configurar en las pólizas de crédito personal la relación establecida entre Banesto y Coca como un simple crédito, encubriendo la realidad de préstamo, que era la naturaleza propia del negocio jurídico. El delito de usura se contempla por tener "carácter de usurarios" los intereses que se atribuía Banesto, "manifiestamente desproporcionados".