Los jueces penales de Madrid critican la autonomía de la futura policía judicial

La Junta de Jueces de Instrucción de Madrid, en un documento dirigido al Consejo General del Poder Judicial, criticó ayer el proyecto de decreto regulador de la policía judicial. Entre otras cosas, te reprocha que mantenga "como mandos naturales de la policía judicial a los del Ministerio del Interior" y confiera a las unidades policiales vinculadas a la Administración de justicia "una no deseable autonomía para realizar diligencias de investigación criminal ( ... ) con carácter previo a la apertura del correspondiente proceso penal"

Los jueces penales de Madrid muestran su "inquietud" por la filosofía de esta futura norma, en la que, según dicen, frente a la clara relación de dependencia jerárquica entre los integrantes de la policía judicial con sus mandos naturales (los de Interior),"resulta mucho más diluida la que ha de vincularlos con los órganos jurisdiccionales". Para este colectivo de jueces, la mentalidad que se ha impuesto es la de residenciar la policía judicial "en la esfera de influencia gubernativa", desde donde se "accede a ponerla al servicio del aparato judicial", dicen a solicitud de éste".

El documento constata también en el proyecto de decreto "cierta confusión" entre los papeles que tienen asignados los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal y la policía judicial, en orden a la investigación de hechos supuestamente delictivos. Los jueces penales de Madrid recuerdan que "la dirección" de esta investigación corresponde por ley a los jueces y tribunales. En cuanto a las funciones de investigación del Ministerio Fiscal, al margen del control judicial, consideran que "causa desasosiego" el alcance de esta auténtica actividad instructora "cuando el Ministerio Público es entendido, con excesiva frecuencia", dicen, "como gestor, ante los tribunales, de los puntos de vista del Gobierno en cada caso particular".

Sobre las atribuciones otorgadas a la policía judicial, la junta de jueces se refiere al "sorprendente e indeseable margen de autonomía para realizar diligencias de investigación criminal

( ... ), de cuyos resultados darán cuenta no al juez, sino al Ministerio Fiscal, que puede erigirse, así", afirman, "en filtro" para la apertura del proceso penal. Critica que el futuro decreto

otorga "especial consideración a las actuaciones llevadas a cabo por la policía judicial", a las que confiere "subrepticiamiente, una eficacia probatoria privilegiada", con lo que "se pervierten", dice, Ios principios tradicionales del proceso penal en un Estado de derecho".

Los jueces penales de Madrid critican que se aproveche una

norma administrativa de rango inferior al de ley, "para organizar unas comisiones de coordinación de la policía judicial, a modo de organismos paritarios de defensa de la seguridad ciudadana, que sirvan, a la vez, para dirimir posibles conflictos entre la autoridad judicial o fiscal y la policía judicial".

Desviación inconstitucional.

Los jueces penales de Madrid consideran que estascomisiones "constituyen una desviación de los principios constitucionales determinantes del papel que corresponde a los juzgados y tribunales, al Ministerio Fiscal y a la policía". Estas comisiones y las funciones atribuidas implican a los jueces y tribunales "en una tarea de dirección política en materia penal y de orden público que les es ajena", dicen, "en menoscabo del principio constitucional de exclusividad jurisdiccional". Por lo demás, añaden, significa Ia asunción de cometidos que afectan al haz de competencias del juez y que, por lo mismo, deberían según doctrina del Tribunal Constitucional- ser materia de ley orgánica".

Según informó ayer a este periódico Juan Antonio Xiol, alto cargo del Ministerio de Justicia, máximo responsable de la elaboración de esta norma, el proyecto de real decreto está pendiente de dictamen del Consejo de Estado, previo a su aprobación por el Gobierno. Mientras tanto, el próximo lunes el director del Centro de Estudios Judiciales, Carlos García Valdés, inaugurará el primer curso intensivo de policía judicial, al que asistirán unos 160 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Impartirán las clases catedráticos, magistrados, fiscales y otros juristas.