Intelectuales catalanes piden que se legalice en España la eutanasia voluntaria

Varios intelectuales catalanes se han pronunciado a favor de que se regule legalmente en España la eutanasia voluntaria o derecho a morir dignamente. Sus argumentos fueron expuestos en un acto organizado en Barcelona el jueves pasado por la Asociación Española por el Derecho a Morir Dignamente. Esta asociación, presidida por Miguel Angel Lerma, forma parte de la federación mundial que reúne a las asociaciones de los distintos países, cuyo último congreso internacional se celebró en la ciudad india de Bombay los días 21 al 25 del pasado mes de diciembre. La asociación española cuenta con más de 200 miembros y ha emprendido una campaña pública para explicar los objetivos que persigue.

El acto se celebró en los locales de la librería Cinc d'Oros, con la participación de Joan Barril, director del semanario El Món, que actuó de moderador; Carlos Jiménez Villarejo, fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona; Carlos Humet, director del hospital del Mar, de Barcelona; el filósofo Xavier Rubert de Ventós; el escritor Salvador Pàniker; Miguel Ángel Lerma, y María Teresa Betancurt, que asistió al congreso internacional de Bombay como delegada de la asociación española.También estaba anunciada la participación del ex presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Cesáreo Rodríguez Aguilera, que ha estudiado el tema desde la vertiente jurídica, pero a última hora no pudo asistir.

Todos ellos se pronunciaron a favor de que se regule la eutanasia voluntaria en España, tanto la eutanasia pasiva, que consiste en dejar de aplicar medios terapéuticos extraordinarios para prolongar artificialmente la vida, Como la eutanasia activa, en la que, previa decisión consciente y libre del paciente ante una enfermedad irreversible y mortal, se trata de facilitarle los medios necesarios para morir dignamente y sin sufrimiento.

Para ello es preciso, según el fiscal Carlos Jiménez Villarejo, modificar el Código Penal de tal forma que quede legitimada la actuación de los cooperantes, siempre que se den una serie de garantías para asegurar la protección del paciente.

Según el fiscal Jiménez Villarejo, el derecho a la eutanasia tiene en la opinión pública una imagen distorsionada, primero, porque el concepto está asociado al de producir la muerte, y, además, porque esta palabra fue utilizada para referirse al exterminio masivo llevado a cabo por el régimen nazi en Alemania, cuando en su opinión no debería haberse calificado de eutanasia sino de asesinato colectivo.

Penas muy duras

"La única figura jurídica que puede servimos de referencia a la hora de abordar el problema de la eutanasia desde el punto de vista jurídico en España, es la de la cooperación con el suicidio. Como se sabe, el suicidio es considerado lícito en nuestro ordenamiento, y por eso es impune el suicidio frustrado, pero la cooperación con el suicidio sí que se castiga, y con gran severidad", explicó el fiscal.

"Nuestro ordenamiento jurídico", añadió, "no deja en estos momentos ningún resquicio para la eutanasia. Y nos encontramos con la paradoja de que un Estado que puede disponer de las vidas de las ciudadanos enviándoles a la guerra si lo considera preciso, se arroga al mismo tiempo el poder de defender la vida del ciudadano incluso contra su propia voluntad. El Código Penal castiga la cooperación con el suicidio con penas de reclusión mayor, es decir, penas de entre 12 y 20 años de prisión. Se equipara de este modo este delito al de homicidio, sin hacer ninguna distinción entre la muerte causada a otra personas contra su voluntad y la causada a petición suya y con su consentimiento".

Varias cautelas

"El Código Penal no deja ninguna posibilidad de matización", añadió Jiménez Villarejo. "En todo caso, los tribunales podrían apreciar causas de exculpación o de atenuación, pero esto depende en casa caso de cada tribunal y no resuelve el problema de la regulación jurídica del derecho a una muerte digna".

Jiménez Villarejo considera necesaria la regulación legal de la eutanasia voluntaria, con una serie de cautelas para garantizar la protección del paciente.

"En primer lugar se trata de garantizar el libre consentimiento de la persona que solicite la muerte, para evitar una situación de inseguridad jurídica. Se ha de garantizar también la fiabilidad de los diagnósticos que certifiquen el carácter terminal de la enfermedad y, además, que el móvil único de las personas cooperantes sea el de la piedad, garantizando que no existen otros motivos, como por ejemplo el interés económico".