2 / No hay indefension

NO POR esperado el fallo, la sentencia a favor de la constitucionalidad de la ley de expropiación de Rumasa deja de tener una importante trascendencia. La decisión se produce cuando la atención de la opinión pública dejó de centrarse en el caso y en las posteriores peripecias de Ruiz-Mateos, pero la resolución del TC viene a barrer cualquier sombra de duda sobre la constitucionalidad del procedimiento utilizado para la expropiación. Aunque pareció que la sentencia del mismo tribunal de 9 de diciembre de 1983, sobre la constitucionalidad del inicial decreto-ley expropiador había cerrado el litigio, la conversión de ese decreto en ley abrió una nueva posibilidad de recurso. La iniciativa de un juez de Madrid ha obligado al TC a entrar en el fondo de la medida expropiatoria, con ocasión de un interdicto para recobrar la posesión de sus bienes presentado por Ruiz-Mateos a finales de 1983. El juez, en una encomiable actuación tendente a quitar cualquier duda sobre la indefensión de un ciudadano, planteó cuestión de inconstitucionalidad.El Tribunal Constitucional no ha hecho sino retomar en su sentencia de ahora la misma doctrina expuesta en la de diciembre de 1983, pero reforzada por una mayoría cualificada. Según dicha doctrina, la expropiación de Rumasa mediante un ley singular cumple los requisitos que la Constitución y la ley de Expropiación Forzosa establecen para las expropiaciones administrativas por motivos de utilidad pública e interés social. La tutela judicial que la Constitución otorga a los ciudadanos no se ve alterada ni limitada respecto de los expropiados en el caso Rumasa y no se les priva tampoco de la correspondiente indemnización. Igualmente, los expropiados tienen abiertas todas las vías legales para impugnar el monto de las indemnizaciones acordadas,

Con la sentencia ahora hecha pública se desvanece cualquier rastro de sospecha sobre la legalidad de todo el proceso. Pero es esta además buena ocasión para lamentar la atención prestada por algunos medios políticos y sociales a la figura de Ruiz-Mateos, al que se le concede una popularidad y un protagonismo social que resultaría chusco si no fuera alarmante, habida cuenta del daño que el caso Rumasa ha deparado a los ciudadanos de este país.