La ley antiterrorista mantiene la incomunicacion de 10 días

El Gobierno ha decidido no prorrogar los seis artículos de la ley antiterrorista que el próximo 4 de enero dejan de tener vigencia. Según fuentes de la Moncloa, frente a la posibilidad de aprovechar esta ocasión para hacer un replanteamiento de la ley se ha optado por la caducidad de los artículos, con lo que se suaviza su rigor sin comprometer la eficacia en la represión del terrorismo en lo que se refiere a las competencias policiales. Queda para más adelante la eliminación o reducción del plazo de 10 días de incomunicación de los detenidos.

Los preceptos que perderán vigencia permitían la disolución y suspensión de asociaciones, establecían el máximo rigor en materia de prisión provisional y ampliaban la responsabilidad criminal para el delito de apología a través de la prensa.El criterio adoptado se ha tomado a propuesta del Ministerio de Justicia, que remitió a la presidencia del Gobierno varios textos alternativos, en uno de los cuales se analizaban las consecuencias de la pérdida de vigencia de los seis artículos para los que la disposición final segunda de la ley antiterrorista -que entró en vigor el 4 de enero de 1985- establecía "una vigencia temporal de dos años". El estudio resaltaba el valor intimidatorio de tales preceptos en los dos primeros años de vigencia de la ley, al término de los cuales puede prescindirse de ellos, sin pérdida de eficacia.

Según fuentes de la Moncloa, en la decisión adoptada por la cúpula del Gobierno ha pesado también la posición del PNV durante los debates parlamentarios, en septiembre de 1984, en favor de la vigencia temporal de toda ella, así como la oposición radical a la ley por parte de Euskadiko Ezkerra. En un momento en que estas dos fuerzas vascas buscan fórmulas con los socialistas para encontrar una que permita la gobernabilidad del País Vasco, un debate sobre la ley habría resultado perturbador, señalaron estas fuentes.

En todo caso, frente a algunos desmentidos radicales realizados por altos cargos de Justicia sobre la inexistencia de textos elaborados por este departamento y remitidos a la Moncloa, fuentes parlamentarias socialistas reconocieron que ya antes de noviembre se produjeron las primeras discusiones sobre esos textos entre representantes del Gobierno y del Grupo Socialista. Estas fuentes coincidieron también en la poca utilidad práctica de los seis artículos que decaerán en enero, a pesar de su "importancia psicológica en un primer momento", afirmaron.

En estos contactos, como en los estudios previos elaborados por Justicia, el criterio predominante para la reforma de la ley antiterrorista ha sido el de la eficacia. Desde ese punto de vista, más que las críticas de sectores jurídicos progresistas y de asociaciones humanitarias, ha pesado un informe del fiscal de la Audiencia Nacional, Melitino García Carrero, sobre el resultado de algunas medidas legales en la lucha antiterrorista. Por ejemplo respecto a las observaciones telefónicas señala "la utilidad de este instrumento técnico de prevención e investigación del delito" [advierte también del "peligro de ser utilizado al servicio de intereses inconfesables y con quebranto de los derechos fundamentales de la dignidad humana"].

En cambio, respecto a las prórrogas de detención e incomunicación hasta el límite máximo de 10 días permitido por esta ley, el fiscal de la Audiencia Nacional -órgano encargado de instruir y juzgar los delitos de terrorismo- afirma que "su utilidad práctica resulta bastante dudosa y los jueces centrales tienden progresivamente a acortar su duración".

La opinión del fiscal no ofrece dudas: "La eliminación de esa facultad del catálogo de potestades gubernativas obviaría un flanco de los derechos constitucionales fuertemente sensibilizado por las campañas de opinión, aliviaría una parte de la presión psicológica sobre las fuerzas de seguridad del Estado y no debilitaría gravemente la defensa del aparato de seguridad".

Ante los riesgos políticos que tendría en estos momentos un debate sobre la legislación antiterrorista, el Gobierno mantendrá esta situación,

Según fuentes socialistas, el "respiro psicológico" que la caducidad de seis artículos producirá, en contraste con los anuncios fallidos de que se ampliaría el fuero policial, será el precedente de nuevos avances legales que contribuirán a restar críticas a la ley antiterrorista. No obstante, no puede considerarse plenamente abandonada la idea de Interior de ampliar el fuero policial, de modo que los delitos cometidos por los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado fueran instruidos y enjuiciados por la Audiencia Nacional.