El fiscal pide al juez Valle que deje de citar a más mujeres hasta que agote la investigación

El fiscal Miguel Angel Torres presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid un escrito en el que solicita de su titular, el magistrado Carlos Valle, que no continúe llamando a declarar a mujeres como presuntas autoras de abortos penalizados hasta que se agote la investigación sumarial y de ella se desprenda la existencia de delitos. El escrito se fundamenta en el principio constitucional de presunción de inocencia y la riscalía lo justifica en su deseo de "una mayor eficacia de la investigación sumarial".

La iniciativa de presentar este escrito [que no implica formalmente la acción de recurrir, como por error se publicó ayer] fue adoptada el pasado martes por el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Madrid, Fernando Jiménez Lablanca, con la conformidad del fiscal general del Estado, Javier Moscoso. En la mañana de ayer, el fiscal que actúa ante el Juzgado de Instrucción número 14 presentó el escrito.El documento recuerda que hasta que no exista una condena judicial, la presunción de inocencia ampara a todos los ciudadanos, y tratándose de abortos, especialmente a las mujeres. La ley orgánica de 5 de julio de 1985, sobre despenalización parcial del aborto, establece, siguiendo la sugerencia del Tribunal Constitucional, que en los supuestos de aborto terapéuticó y eugenésico "no será punible la conducta de la embarazada aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos".

De acuerdo con este texto legal, en los abortos despenalizados pueden existir otros responsables penales, pero no la mujer a la que se le practica. Sin embargo, la actuación del juez Valle ha venido siendo en los últimos días (veáse EL PAÍS de ayer) la de preguntar a las mujeres llamadas a declarar, como consecuencia de las historias clínicas incautadas en varios centros médicos, dónde habían abortado y cuánto les había costado, lo que significa dar por supuesto que habían abortado, para indagar si el aborto en el que incurrieron es o no delito.

Asesoramiento pericial

Frente a esta forma de investigación judicial, el fiscal propone que previamente a la citación a las mujeres se agote la investigación sumarial para saber si los posibles abortos están o no penalizados, y sólo cuando se conozca este dato, llamar a declarar a las mujeres que hubieran podido incurrir en algún supuesto de aborto penalizado. Para averiguar el tipo de aborto realizado en cada caso, el magistrado necesitará de unos asesoramientos periciales que serán más útiles para el objeto de la investigación que la declaración de las mujeres.En todo caso, fuentes próximas al fiscal jefe de Madrid señalaron que la dirección de la investigación corresponde al juez instructor, que, según doctrina del Tribunal Constitucional, "está investido de la suficiente potestad" para orientarla como le parezca. Otras fuentes jurídicas manifestaron su esperanza en que se produzcan actuaciones legales de las partes afectadas, a fin de que el magistrado reconsidere su peculiar forma de investigar.

El Defensor del Pueblo trasladó al Consejo del Poder Judicial las quejas de las mujeres citadas por el juez Valle, si bien no ha entrado en el mismo ninguna petición directa de las interesadas ni de sus abogados. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, manifestó ayer que no podía hacer "ningún juicio crítico sobre una actuación judicial".

Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, afirmó ayer en el Congreso, en respuesta a una pregunta formulada por un diputado del Partido Demócrata Popular (PDP), que no habrá indultos generales para los casos de aborto no recogidos en la ley de despenalización.