El Gobierno canario acuerda modificar el Régimen Económico Fiscal

El Gobierno autónomo de Canarias ha acordado modificar el Régimen Económico Fiscal (REF), cuyos principios son considerados como los fueros históricos del archipiélago. El Ejecutivo toma así la iniciativa de cambiar una ley de 1972 por la que surgió dicho sistema fiscal, cuyos orígenes se remontan a un real decreto de 1852.

El proyecto de nuevo REF, que será sometido al Parlamento canario, deberá ser finalmente aprobado por las Cortes. Canarias, que contará en 1987 con un presupuesto general de 103.000 millones de pesetas, desea lograr su mayoría de edad con una hacienda propia, según los planes de la Consejería de Hacienda.La transformación del marco fiscal, como consecuencia del ingreso en las Comunidades Europeas (CE), había sido reiteradamente aplazada. El pasado día 15 de noviembre fue reactivado este proceso de adaptación tras ser convocada la mesa del pacto de progreso (formada por PSOE, PCE, Partido de la Revolución Canaria y Asamblea Majorera), de la que salió el borrador de la reforma.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado ahora luz verde a dicho texto y su presidente anunció la voluntad de la comunidad autónoma de abrir una negociación inmediata con el Gobierno central. El pacto de progreso nació hace un año para apoyar la gestión del PSOE, bajo el compromiso, entre otras condiciones, de actualizar el REF dentro de esta legislatura autonómica. Los partidos que respaldan al PSOE han criticado la lentitud del Gobierno central en plantear ante las Cortes la reforma del REF y han propuesto a las autoridades canarias que presionen a Madrid para acelerar la tramitación, dada la proximidad de las elecciones.

El actual REF consagra la libertad comercial de las islas y se inspira en el sistema de franquicias implantado a mediados del siglo XIX en las islas. El llamado Régimen Especial Canario, gracias al cual el archipiélago se adhirió a la CE a través de un protocolo diferenciado, está reconocido no sólo en el Estatuto de autonomía sino también en la disposición tercera de la Constitución. Los criterios elaborados por el consejero de Hacienda, Óscar Bergasa, que ha dado pie al proyecto del Gobierno, han sido duramente contestados por los sectores empresariales, que se oponen a la creación de un impuesto sobre la producción.