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CARTAS AL DIRECTOR

El caso Banca Catalana

La frustrada intentona de varios de los magistrados que tomaron parte en la votación sobre la petición de procesamiento contra Jordi Pujol y otros, relativa a que no se incluyeran votos particulares o reservados, no puede tener otra interpretación que la de arrebatar a la opinión pública los fundamentos en que se basan los magistrados que han disentido de la mayoría.El argumento de esta maquinación es una interpretación muy sui géneris del artículo 260 de la ley orgánica del Poder Judicial. Si no fuera por la presunta reconocida competencia de dichos magistrados, nos veríamos obligados a opinar que tal interpretación es propia de leguleyos.

Esto, unido a la maniquea pretensión de que la resolución del pleno es inapelable, sugiere pensar que estamos ante un asunto que "debe resolverse en casa", y que a algunos ciudadanos nos hace entrever que el principio de igualdad de todos ante la ley, reconocido y proclaniado no sólo en el artículo 14 de nuestra Constitución, sino también en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, no es aplicable a todos (en particular si son honorables) por la abusiva aplicación de la inmunidad jurídica de los políticos y sus aforamientos especiales (privilegios legales y procesales).

Esto no es óbice para que todos los que creemos en el Estado de derecho respetemos el fallo del pleno de la Audiencia.-Isaac Ibáñez. Plasencia

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de noviembre de 1986