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Cerca de 3.000 escolares sitian el Ayuntamiento de Vigo

Unos 3.000 alumnos de enseñanza media pusieron ayer cerco, por segundo día consecutivo, al Ayuntamiento de Vigo en señal de protesta por la actuación de la Policía Municipal al desalojar a alumnos del colegio público Picacho. Grupos de manifestantes, igual que el día anterior, rompieron a pedradas los cristales de las plantas bajas del edificio, sin que en ningún momento intervinieran las fuerzas de la Policía Nacional presentes en la zona.

Más tarde, grupos reducidos cortaron el tráfico durante varias horas en el centro de la ciudad, donde quedó restablecido al final de la tarde después de que la policía dispersase a los últimos manifestantes, La jornada estuvo marcada también por una convocatoria de huelga seguida en los centros de enseñanza media, pero no en los de EGB.La convocatoria y las movilizaciones intentan dar la réplica a la agresión de la Policía Municipal contra los escolares del colegio Picacho, según el testimonio de los muchachos y los padres de éstos. Una agresión que "sólo existe en la mente de quienes manipulan a los niños y tratan de orquestar una campaña contra mi persona", afirma el alcalde, el socialista Manuel Soto. Éste añadió que es "muy perjudicial para la ciudad el clima de violencia".

Por su parte, el consejo escolar del colegio Picacho expresó ayer en un comunicado su "enérgica repulsa por el desalojo violento que sufrieron los alumnos de este centro cuando pacíficamente reclamaban mejoras para el colegio", informa Efe.

Ayer fueron dadas de alta en el hospital Xeral, de Vigo, las tres alumnas que habían quedado en observación tras ser desalojadas junto a sus compañeros. De aquel desalojo, el miércoles, se derivaron lesiones diversas en 17 muchachos y en tres policías municipales. Siete padres fueron detenidos y conducidos a comisaría por presuntos delitos de coacción, pero quedaron más tarde en libertad sin cargos por orden del juez.

La historia comenzó cuando un grupo de 200 alumnos y representantes de la asociación de padres del colegio Picacho se dirigieron el miércoles al Ayuntamiento para dialogar con el alcalde. El grupo había realizado cortes de tráfico los dos días anteriores para reclamar la presencia de monitores deportivos al servicio del centro. La respuesta a esa reivindicación es competencia de la Xunta y había sido planteada y resuelta el curso anterior, pero este año no había dinero, según explicó a la asociación de padres el delegado de la Consellería de Cultura y Bienestar Social.

Alumnos y profesores se encaminaron al Ayuntamiento, donde en ese momento no se encontraba el alcalde, según él mismo ha declarado reiteradamente, a pesar de que también en este punto los padres afirman que Manuel Soto miente.

Fue entonces cuando, una vez que los padres se negaron a dialogar con el concejal de educación y con el portavoz municipal, se procedió a desalojar el centro. Ese proceso duró unos 30 minutos, según el parte firmado por los sargentos de la Policía Municipal Francisco Prado Fernández y Álvaro Cunqueiro Lorda. En ese parte se afirma que "en ningún momento hubo necesidad de usar la fuerza y que por los arriba mencionados se desconoce que haya resultado ningún niño con algún tipo de lesión".

Esa versión contrasta con la facilitada por alumnos y padres. Uno de los integrantes de la asociación de padres, Manuel Bouzas Maneiro, aseguró que los agentes municipales "desalejaron a los escolares. tirándoles del pelo" y corroboró la afirmación de una madre en el sentido de que "en algún caso se propinaron puñetazos a los escolares". "Los niños fueron atropellados y el alcalde miente y nos calumnia cuando afirma que estamos manipulando a los muchachos", asegura Teresa González, presidenta de la asociación de padres del colegio Picacho.

Mientras tanto, los hechos han llegado ya en forma de interpelación, presentada por Esquerda Galega, al Parlamento gallego y están en manos del fiscal de la Audiencia Provincial por decisión del alcalde, que ha ordenado también la apertura de una investigación exhaustiva "por si hubiese algún indicio de violencia individualizada, incluso sabiendo que no hubo en absoluto violencia generalizada en el momento del desalojo".

AP solicitará una sesión plenaria de la corporación de Vigo para analizar lo ocurrido. Por su parte, el PDP ha dirigido una pregunta al ministro del Interior, José Barrionuevo, para que conteste en el pleno de la próxima semana sobre si "ha tomado alguna medida sobre tan lamentable incidente".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de noviembre de 1986