La reinserción y el lucro

EL HACINAMIENTo en las cárceles españolas y la dificultad de vivir en ellas con mínima dignidad ha con ducido en los 10 primeros meses de 1986 a un total de 23 suicidios. Éste es un dato dramático y esclarecedor de la incompatibilidad entre la situación carcelaria y la existencia humana, al menos para ese notable número de ciudadanos. Entre las numerosas voces que se han alzado para protestar por la situación destaca la de la comisión episcopal de Pastoral Social, que ha puesto de relieve el submundo en el que se han con vertido nuestras cárceles y reclama que las penas se orienten "hacia la reeducación y reinserción social". Pero además, si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de los 25.000 reclusos que existen en España lo son preventivos, y por tanto acreedores a la presunción de inocencia que la Constitución española establece, existen motivos para preguntarse sobre la eficacia de una política carcelaria que ya no se puede escudar -por parte del Gobierno socialista- en la herencia recibida.Desde los más diferentes sectores sociales se proponen soluciones para paliar al menos la lamentable situación de las cárceles. Entre esas respuesta alternativas; se abre paso la institución de la libertad a prueba, experimentada con éxito en países de nuestro entorno. Pero otras experiencias, más controvertidas, están siendo también puestas en práctica. Así, el fuerte aumento de la población penitenciaria ocurrido en el último año en Francia, como consecuencia de la política de rigor practicada desde el poder en el ámbito de la seguridad ciudadana,, ha puesto al Gobierno ante un dilema: ampliar el número de las plazas penitenciarias o disminuir el número de reclusos.

El ministro francés de Justicia, Albin Chalandon, ha proyectado como consecuencia de eso la creación de un sistema penitenciario de carácter privado, en competencia con el del Estado. Inspirándose en la práctica ya existente en algunos lugares de Estados Unidos, la tarea encomendada al sector privado sería la de hacerse cargo desde ahora al año 1990 de la construcción de los miles de plazas que se necesitan y de administrar después las nuevas prisiones, incluida la vigilancia y la seguridad de los reclusos.

Desde hace años, en algunos Estados norteamericanos existen cárceles privadas que tienen a su cargo aproximadamente el 10% de los 400.000 reclusos que habitan los distintos tipos de centros penitenciarios. de Estados Unidos. Pero la cuestión no es tanto la propiedad de las cárceles como la finalidad de las mismas. En la medida en que lo que se proponga el Gobierno francés no sea rehabilitar sino castigar o colocar fuera de circuito a los peores individuos, nos encontraríamos frente a la instrumentación de una filosofía que está en las antípodas de los objetivos de reinserción social, a los que no debe ni puede renunciar un Estado moderno.

Quienes se oponen a la privatización de las cárceles señalan que la introducción, de la noción de rentabilidad en el mundo de las prisiones puede abrir la vía a abusos de todas clases y a una desigualdad de hecho en la ejecución de las penas. La obtención del beneficio -indican- lleva a la disminución de los costes, lo que puede arrastrar a su vez a la reducción de los derechos de los detenidos a fin de eliminar gastos. El resultado sería la desaparición de los tratamientos penitenciarios tendentes a la reinserción social del recluso, pero también, a medio plazo, la renuncia del Estado a toda política de prevención del delito.

Sin embargo, los valedores del proyecto señalan que hay otros muchos sectores de los servicios sociales a los que las autoridades públicas no saben o no pueden hacer frente. Si existe medicina privada, educación privada y hasta policía privada -en la mayoría de las empresas, incluso en las públicas, y en no pocos barrios y urbanizaciones-, ¿por qué no privatizar las cárceles?, se demandan. No se trata, añaden, de cambiar los objetivos de reinserción, sino los métodos de obtenerla.

En cualquier caso, la privatización es una solución dudosa y difícil de entender en el marco europeo. Quizá en España los problemas serían más fácilmente resolubles si algo del dinero que el Estado y las autonomías despilfarran en funcionarios, protocolos, imagen y dignidades se dedicara a estas atenciones. También, en la ideación de una política que busque alternativas a la cárcel, siempre que sea posible por el tipo de delito y por los antecedentes de quien lo ha cometido. Esas alternativas pueden ser los arrestos de fin de semana y la institución de la libertad a prueba, que han rendido buenos frutos en parte de Europa.