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Tribuna:LOS PROBLEMAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Tiempo de cambio en la edificación

JOSÉ ANTONIO OTERO CEREZOPrácticamente concluida la transición política, el país aborda, según el autor, la ingente tarea de actualizar sus estructuras con el doble propósito de acomodarlas a una realidad inmersa en un proceso acelerado de evolución y de intentar atajar, al mismo tiempo, las gravísimas consecuencias sociales de una crisis económica, a escala mundial, cuyas dimensiones se desconocían desde el crack de 1929.

Uno de los sectores de actividad económica más precisados de renovación estructural es, sin duda alguna, el de la construcción inmobiliaria. Afectado en los años del desarrollismo de un crecimiento caracterizado por la anarquía y la falta de todo control, producto de un mercado de vendedores en el que toda especulación tenía su sitio, atrajo, como era de esperar, a innumerables oportunistas que veían la posibilidad del negocio fácil, aunque fuera a costa del daño ecológico, la falta de calidad constructiva o el marcado descenso en la del diseño arquitectónico, todo ello ante la pasividad, la tolerancia y en ocasiones la cooperación de la Administración.Esta caótica situación producida por la falta de profesionalidad y solvencia técnica de los promotores y demás agentes intervinientes en el proceso edificatorio provocó al principio aisladas censuras que fueron adquiriendo fuerza conforme se consumaban los desmanes urbanísticos y que en la primera mitad de la década de los setenta movilizó fuertes corrientes críticas, sobre todo en algunos sectores de profesionales.

En el congreso nacional que celebraron en 1976, los aparejadores y arquitectos técnicos se manifestaron sobre la ya entonces urgente necesidad de poner orden en la edificación a través de una ley de bases que regulara racionalmente el proceso, teniendo en cuenta no sólo los cambios de orden político, social y económico acaecidos en España, sino también, y muy principalmente, los de orden tecnológico derivados de la creciente aplicación de procesos industriales a una actividad hasta entonces desarrollada según técnicas tradicionales y en buena medida artesanas.

La nueva Administración democrática fue receptiva a estas iniciativas del colectivo de aparejadores, y así, en 1978, el entonces Ministerio de la Vivienda publicaría un Libro Blatico de la edificación en el que se hacía eco de esta necesidad de cambio, apuntando muchos de los defectos de que adolecía un sector que estaba entrando ya en una profunda crisis, pero cuyo documento, cue stionado desde influyentes sectores, quedó relegado al olvido.

Pese a ello, se hacía cada día más patente la necesidad de introducir nuevos criterios de eficacia en la gestión empresarial, financiera y técnica de la construcción para dar respuesta a un mercado crecientemente exigente, en el que la situación de prevalencia de los vendedores que caracterizaba la época anterior se había tornado a favor de los adquirentes de viviendas, que podían seleccionar entre el amplio repertorio de una oferta cada vez más numerosa, y a lo que sólo las limitaciones de orden económico propias de la crisis general ponían trabas, agudizando los ya graves problemas del sector.

Se iniciaba así, de alguna forma, una autoselección en las empresas que debían intentar hacer rentable su gestión en una situación precaria.

El usuario gana

Esta evolución ha tenido, eviden temente, consecuencias favorables para el usuario, al haberse incrementado notoriamente la calidad y la racionalidad del pro ceso de la edificación durante este período, pero que, sin embargo, resulta todavía insuficiente si se iene en cuenta que el sector ha de afrontar, a plazo inmediato, la concurrencia de las iniciativas empresariales proceden tes de los países comunitarios, además de las originadas en las fuertes inversiones realizadas por las compañías multinacionales.

Todo esto nos lleva a considerar la perentoria necesidad de establecer unos criterios de profesionalidad para todos los agentes que intervienen en el proceso edificatorio, desde las empresas de promoción a los fabricantes y suministradores de materiales, elementos e instalaciones, pasando por los constructores y evidentemente también por los técnicos, en sus diversas especialidades. Precisamente estos últimos han de ser los llamados a asegurar ese grado de capacitación técnica de las empresas, requerido hoy más que nunca por la introducción de procesos innovadores que hacen uso de nuevas tecnologías.

No solamente la precitada tecnificación será precisa, sino que también habrá de acreditarse la capacidad financiera necesaria para poder asumir iniciativas empresariales en el sector de la edificación, habiéndose de prever, además, la obligada cobertura de los riesgos derivados del producto puesto en el mercado por esta actividad industrial.

Ello conducirá, inexorablemente, a poner en revisión los conceptos de responsabilidad elvil que en materia de construcción edificatoria se contienen en el antañón Código Civil, que, articulado a finales del siglo pasado, difficilmente puede adaptarse a la realidad actual al haberse pasado de un proceso artesano a otro industrial y de una actividad ejercida a título individual a otra de carácter empresarial y especulativo. Baste señalar, a modo de ejemplo, el que la figura del promotor, a efectos de responsabilidad, no aparece en,dicho cuerpo legal y ha debido ser construida por la jurisprudencia de los tribunales de justicia en su permanente labor de completar el derecho. positivo.

Esta profunda revisión conceptual debe ir acompañada de una modificación de los plazos de garantia, concebida de tal suerte que abarque las distintas partes que conforman una edificación, de forma que las responsabilidades vengan temporalmente relacionadas con los elementos que las generan.

Cambio de estructuras

Todo ello incrementará la seguridad del tráfico jurídico y sobre todo, y muy fundamentalmente, incorporará en la cadena de responsabilidades a todos los agentes que participan en el proceso productivo, muchos de los cuales ,son hoy ajenos a cualquier tipo de exigencia o reclamación por parte de los perjudicados. Sin olvidar, por supuesto, la responsabilidad que también incumbe a los usuarios en cuanto a la adecuada utilización y necesaria conservación del patrimonio edificatorio.

Esta reestructuración quedaría incompleta si no alcanzara a las estructuras técnico-profesionales, ya que la industrialización y tecnificación, cada vez más aparentes en el proceso edificatorio, requieren una revisión de los papeles atribuidos a los profesionales, que en muchos casos se remontan a regulaciones surgidas en la primera mitad del siglo XIX y que, por tanto, ignoran la especialización que nuevas titulaciones universitarias han aportado al sector.

En todo caso ha de diferenciarse lo que es el diseño creativo -sin olvidar su imbricación con los aspectos técnicos- del proceso constructivo, que es el propio de la aplicación de una tecnología específica, lo que se pone en evidencia de una forma más nítida en los procesos de construcción industrial en serie mediante la utilización de elementos prefabricados o en los supuestos de edificación seriada a partir de un único proyecto, casos en los que la intervención técnica prevalente pasa a ser la puramente constructiva.

De alguna manera, la que fuera polémica ley de Atribuciones Profesionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, aprobada en abril de este año por el Parlamento, ha iniciado el reconocimiento de esta realidad profesional, y su línea habrá de desarrollarse, en lo que concierne al ámbito edificatorio, en la ley de ordenación de este sector cuya presentación ante las Cámaras quedó comprometida para el Gobierno en aquélla, con la fijación de un año para que tal iniciativa legislativa tuviera lugar.

Personalmente, abrigo la esperanza de que esta nueva ley introduzca el orden a que su título alude, quebrando rígidos y jerarquizados esquemas profesionales que nada tienen que ver con la realidad de hoy e introduciendo en su lugar un ágil y eficaz sistema de intervenciones y garantías que tengan su soporte en la actividad de fiscalización y control que las Administraciones públicas deben asumir en sus dis-, tintos niveles y muy especialmente en el local, dotándose para ello del personal técnico cualificado necesario que les permita realizar con eficacia y rapidez, con objetividad y buen sentido, esta función fundamental.

José Antonio Otero Cerezo es presidente del Consejo General de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 25 de noviembre de 1986