Coslada grava la posesión de máquinas Tragaperras

El Ayuntamiento de Coslada se ha unido recientemente a los de Alcobendas, Pinto, Arganda, Collado Villalba y Alcalá de Henares en la política de gravar las máquinas tragaperras con fines lucrativos (reparten premios), que ya cotizan al Ministerio de Hacienda. Varios propietarios de estas máquinas han recurrido las decisiones municipales. Una sentencia del Tribunal Económico-Administrativo admite el impuesto municipal con el argumento de la legitimidad de impedir la "corrupción de costumbres".

La ordenanza no fiscal del Ayuntamiento de Coslada, regido por el alcalde comunista José Huélamo, justifica el impuesto sobre las máquinas tragaperras "en razón del grave perjuicio que el uso de este tipo de máquinas puede producir en la economía de los vecinos del municipio, en especial para la juventud e incluso la infancia, que puede degenerar en una necesidad de contar con dinero para estos juegos, lo que puede llevarles al hurto familiar e incluso al robo".La ley reconoce la potestad de imponer tributos con fin no fiscal cuando hayan de servir al ayuntamiento que los imponga como medios de contribución a la corrección de las costumbres.

Desde septiembre, el Ayuntamiento de Coslada grava con 40.000 pesetas anuales cada máquina de fines lucrativos y con 20.000 las que no reparten premios. Hasta el momento sólo ha pagado uno de los 150 propietarios de este tipo de máquinas. Como ya ha sucedido en Pinto, Arganda o Collado Villalba, los propietarios optan por recurrir ante los tribunales.

En Coslada, según el boletín municipal, existen 636 máquinas tragaperras (392 con fines lucrativos). Los vecinos se gastan al año en las máquinas unos 500 millones de pesetas. La alcaldía espera recaudar 17 millones.

Alcobendas, el primero

El primer ayuntamiento de la región en gravar las máquinas tragaperras fue el de Alcobendas, en 1983. A través de la firma de un convenio entre la alcaldía y el gremio (le hostelería, los propietarios que declaran las tragaperras que poseen disfrutan de una rebaja del impuesto.La ordenanza fiscal distingue entre las tragaperras sin ánimo de lucro (marcianitos, entre otros) y con ánimo de lucro (las que reparten premios). También distingue entre los locales dedicados exclusivarnente a este negocio y los que cuentan con alguna máquina (bares, por ejemplo).

1 Las tarifas oscilan entre las40.000 pesetas (por cada tragaperras de un propietario no firmante del convenio) y las 8.000 pesetas (por máquinas no lucrativas en salones de juego).

En Alcalá de Henares, municipio de mayoría socialista, funciona una ordenanza fiscal similar desde 1984. En Alcorcón se aplicó durante un año, pero el alcalde -el socialista José Aránda- la suprimió ante las protestas de los propietarios y las dudas sobre la legalidad de la medida.

Las corporaciones de Pinto y Arganda, de mayría comunista, gravan también la adquisición de las máquinas tragaperras y cobran un canon anual. En Collado Villalba, con alcalde socialista, se aplica un impuesto similar por el que se recaudaron el pasado año 3,3 millones de pesetas.