Cuatro días de reflexión
F. SALES, Las salas de la Audiencia de Barcelona podrán suspender los juicios durante cuatro días, a partir del próximo lunes, para que los magistrados estudien a fondo el caso Catalana. Esta decisión del presidente de la Audiencia Territorial, Jaume Amigó de Bonet, no tiene precedentes en la historla judcial de este país, pero resulta inevitable dado el volumen y complejidad de la causa, compuesta por más de 4.000 follos, complemeritados con cerca de 65.000 páginas más de documentos diversos. Las primeras copias de este sumario empezaron a entregarse a los magistrados, para su estudio, a finales del pasado mes de julio, y el viernes día 14 de noviembre les distribuyeron las fotocopias de los últirnos documentos.
A pesar de que un sector importante de los magistrados reconoce que no ha podido e studiar aún el asunto en profundidad y anuncia que deberá apurar todo el tiempo que resta hasta la sesión plenaria, algunas estimaciones señalan que un 40% de los miembros tienen ya prácticamente decidido su voto. Han trascendido comentarios de algunos de ellos aportando argumentos a favor y en contra de si lo sucedido en Banca Catalana es propiamente un delito, un tema civil privado o una simple infracción administrativa; también circulan reflexiones respecto a la necesidad de recuperar con esta resolución el clima de "paz social".
No habrá unanimidad
A la vista de las impresiones reinantes, en los medios jurídicos catalanes no se espera que los magistrados consigan adoptar ninguna decisión unánime y que, sea cual sea el signo de la resolución, irá acompañada de numerosos votos reservados. Éste pronóstico de medios próximos al Palacio de Justicia puede verse modificado, en la práctica, por los argumentos jurídicos y sociales que se aporten en el debate que se realizará en la sesión del próximo día 21.
En medios jurídicos se teme, a pocos días de la reunión del pleno de la Audiencia, que la resolución que se adopte pueda ser mal interpretada, y que se considere que se trata de un juicio contra Jordi Pujol y los otros 16 querellados y no de un procedimiento previo.
La forma minuciosa como se ha instruido la causa hasta el momento, el intercambio de escritós mantenido en los últimos meses entre las defensas y el ministerio fiscal -que muchos sectores consideran un tipo de diálogo más propios de un juicio oral que de un proceso instructorio-, la trascendencia social que tendría un auto de procesamiento de estas características, y el hecho de que el mismo organismo que, en ese caso, dicte el auto de procesamiento tendría que ser luego el que en última alternativa luego juzgara, han provocado una confusa y ambigua situación procesal. De ahí el temor a una interpretación errónea de la misión del pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona y de su resolución, y de que se pueda confundir el acuérdo de los magistrados con una sentencia definitiva.
