Tortura y democracia
Los diferentes significados que se superponen en el hecho de la tortura se manifestaban con especial énfasis en siglos pasados, cuando aún constituían una práctica aprobada por la ley. Libre del obstáculo que puede suponer la necesidad de ocultamiento, la tortura aparecía ampliamente desarrollada y diversificada en su doble función: investigar y castigar. Convertida, por una parte, en método eficaz para producir la prueba irrefutable de la confesión o de la delación, se suministraba, por otra, según la sentencia dictada por un tribunal de justicia. En esta modalidad se solía exponer a la mirada de un público cuyo tácito consentimiento legitimaba un poco más la atrocidad de la sanción. Aunque no faltaron ocasiones en que los espectadores, conmovidos ante tanta violencia, lograran liberar a la víctima y lapidar a los verdugos. El carácter de representación teatral que adquiría entonces el castigo físico facilitaba la lectura de unos significados que, no obstante, son también esenciales y comunes a toda sesión de tortura, ya sea pública o privada, pasada o presente.A la significación inmediata de brutalidad controlada con fines establecidos se añadía un mensaje edificante y ejemplar: a través del espectáculo ofrecido se amonestaba, se amenazaba a todo el pueblo. La escena que se exhibía en este teatro del terror era además símbolo fidedigno de una relación disimétrica de fuerzas: el poder absoluto de la autoridad armada frente a la absoluta impotencia del individuo.
En los tiempos actuales, la tortura constituye un delito en casi todos los países de¡ mundo. La ley escrita la condena, y esa prohibición se ha convertido en un rasgo característico de todas las democracias.
La Constitución española de 1978 garantiza a todos, como es sabido, "el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes" (artículo 15). Con el fin de lograr que la citada garantía sea una realidad y no una declaración protocolaria, concede a todo ciudadano que se halle en condiciones de detenido unos derechos determinados (artículo 17). Pero con la ley antiterrorista, promulgada por tiempo ¡limitado y con carácter de excepción, se suspenden estos derechos democráticos a un grupo de individuos (bandas armadas, elementos terroristas, colaboradores y sospechosos). Esto significa que a algunos ciudadanos (a los que, aunque sus acciones sean condenables, no se les puede expulsar de la categoría de seres humanos) se les retiran los derechos constitucionales creados para la defensa ante posibles torturas o malos tratos.
La ley antiterrorista introduce así una contradicción irreconciliable en el seno de una legislación democrática que defiende, sin excepción, los derechos humanos. Señala a su vez una cara oculta en la democracia, un envés, territorio al que pertenece la tortura, como lo que ha de ser escondido, negado, minimizado. Indica además una avería grave en la maquinaria democrática, a la que presenta como si careciera de métodos propios capaces de resolver problemas realmente difíciles. De esta manera, en la conjunción entre la ley antiterrorista y la institución policial encargada de aplicarla (sector que aún está pendiente de una reforma democrática), se crean el tiempo, el espacio y los actores idóneos para que pueda continuar la representación de una escena sempiterna: el poder absoluto de la autoridad frente a la absoluta impotencia del individuo. ¿Existe una relación más antidemocrática?
El escenario del horror se ha hecho clandestino. Las técnicas que se utilizan para administrar el dolor pretenden no dejar huellas visibles en el cuerpo de la víctima, aunque hubiera sido conducida, de forma controlada, hasta el borde mismo de la muerte. Se trata de conseguir que la tortura sea legalmente inexistente. Pero la verdad legal, así como la verdad lógica, no coincide necesariamente con la verdad real. De cuando en cuando, en virtud de la falta de control o de profesionalidad de los que están en el oficio, alguna señal sale a la luz, es decir, a la Prensa. A veces puede ser una prueba legítima; otras veces, simples testimonios que, si bien no son acusados de mentira, sí reciben un tratamiento tal que logra desviar la sospecha y hacerla recaer sobre su autenticidad y no sobre la actuación de la policía.
La práctica de la tortura es todavía una realidad en nuestro país. Una realidad que suele ser presentada por el lenguaje oficial, tan aficionado al uso de los adjetivos, como hechos aislados, olvidando que el sentido de un hecho aislado está siempre inmerso en el sentido de una totalidad, es decir, de un sistema social. Los hechos aislados son algo más de lo que aparentan ser de manera inmediata. Con frecuencia, un caso de tortura que sale a la luz es interpretado como si fuera un accidente, sin tener en cuenta que el accidente de la tortura, así como el accidente automovilístico, puede repetirse diariamente y puede integrarse y perpetuarse en la vida cotidiana de una sociedad. Pues "el accidente", según escribe Octavio Paz, "no es ni una excepción ni una enfermedad de nuestros regímenes políticos (...) es la consecuencia natural de nuestra ciencia, de nuestra política, de nuestra moral".
Por otra parte, admitir tácitamente la tortura como imperfección de una democracia que aún no ha logrado desarrollarse con plenitud sería simplemente inmoral. Es evidente además que nadie en estos tiempos va a aspirar a una democracia perfecta. Pues ¿quién que no sea un despistado o un ingenuo puede preguntarse ahora si democracia (demo-kratos) significa que el poder lo tiene el pueblo? Incluso puede que sea más probable que alguien se pregunte si no sucederá que el poder verdadero, ostentado por uno solo o por muchos, designados éstos a través de elecciones libres o no, quede siempre fuera del alcance del pueblo. Pero aun así, y olvidando digresiones etimológicas que no vienen al caso, no deja de ser cierto que un sistema democrático es, en la actualidad, el menos digno de rechazo o también el más digno de ser defendido, siempre que no se desvíe hacia otros derroteros, como podría suceder. Recordemos al respecto, y para terminar, algunas de las afirmaciones que hizo Herbert Marcuse en una entrevista realizada por Hans Magnus Enzensberger en 1973: "El fascismo americano será probablemente el primero que llegue al poder por el camino de la democracia y apoyándose en ella". "Si por fascismo se entiende la desaparición rápida o progresiva de la herencia constitucional, la formación de grupos paramilitares, la atribución de poderes excepcionales a la policía -particularmente por la no knock law, esta ley perversa que ha abolido la antigua inviolabilidad de domicilio-, si se examinan las sentencia dictadas por los tribunales durante estos últimos años... entonces se puede hablar, con sobrada razón, de la subida del fascismo".
