Trabajo intenta un acuerdo para desarrollar el decreto de reforma portuaria

El Ministerio de Trabajo elaboró ayer una propuesta para desarrofiar el decreto sobre reforma portuaria en la que se compromete a que el ajuste laboral se realice mediante jubilaciones anticipadas, poniendo en marcha con carácter inmediato las sociedades estatales. La propuesta fue elaborada tras una intensa jornada de negociaciones entre Trabajo y representantes de la patronal y los sindicatos. Paralelamente se celebró en la Magistratura de Trabajo de Barcelona la vista por la demanda interpuesta por la Coordinadora de Estibadores contra la OTP y la empresa Contenemar.

La reunión de ayer estuvo presidida por Álvaro Espina, secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo, y a la misma asistieron representantes de la Coordinadora,CC OO, UGT, ELA-STV, el sindicato gallego INTG, y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

La reunión se inició a primeras horas de la mañana, se interrumpió a mediodía y prosiguió a primeras horas de la tarde, en sesiones de trabajo bilaterales. Una vez finalizadas las negociaciones Trabajo presentó un documento recogiendo las diferentes posturas planteadas a lo largo de la jornada.

La Administración se compromete a que el ajuste laboral se lleve a cabo mediante jubilaciones anticipadas, a poner en marcha con caracter inmediato las empresas estatales en cada uno de los puertos.

Seguirán considerándose tareas de estiba las que tradicionalmente han estado relacionadas con este sector. Y la descarga de pescado fresco en buques de más de 100 toneladas sólo podrá realizarse por los propios tripulantes cuando exista pacto en este sentido.

Tanda negociadora

A las empresas se les exigirá solvencia técnica y económica, dándoseles un plazo de seis meses para adecuarse a los requisitos que se establezcan en su momento. Los trabajadores que hasta ahora han realizado habitualmente tareas de estiba de forma ocasional pasarán al registro especial portuario, al que sólo se podrá recurrir con carácter excepcional.Para garantizar que no haya despidos injustificados por rechazo de oferta de trabajo se estipula que éstas no han de suponer reducción de las retribuciones, siendo necesario para el despido que el trabajador haya rechazado dos ofertas adecuadas en dos años.

Mientras se celebraban estas negociaciones, estaba anunciada en la Magistratura de Trabajo de Barcelona la vista por la demanda presentada por la Coordinadora contra la Organización de Trabajos Portuarios (OTP) y la empresa Contenemar.

La Coordinadora presentó la demanda por entender que la contratación de trabajadores en paro, procedentes del Instituto Nacional de Empleo (Inem), conculca el derecho de constitucional de huelga.

Los hechos que provocaron la denuncia se produjeron durante la huelga intermitente convocada en la primera quincena del pasado septiembre por esta organización en los puertos en los que operaba Contenemar, única empresa que ha intentado aplicar el decreto de reforma.

Según la Coordinadora, la sociedad estibadora contrató trabajadores en paro, con la connivencia del Inem, para atender las tareas de caiga y descarga, dejando sin efecto la huelga. Ello dio lugar a violentos enfrentamientos entre huelguistas, policía y los parados contratados.