El Gobierno Civil de Vizcaya remite al fiscal un informe sobre la manifestación de HB
El Gobierno Civil de Vizcaya ha remitido al ministerio fiscal un informe sobre la manifestación que el pasado sábado recorrió las calles de Bilbao, convocada por Herri Batasuna (HB), bajo el lema Por la negoción. El informe del Gobierno Civil pretende que la fiscalía considere la posible petición de responsabilidades a los promotores de la manifestación, que fue, según el Gobierno Civil, "una continua apología de los terroristas".
La manifestación reunió a 25.000 personas en Bilbao, después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial anulara la resolución gubernativa que prohibía la marcha. En su sentencia, los jueces consideraron que el propósito de la marcha no constituía "en sí una incitación a la violencia" y que la celebración de la misma era "un valioso precedente a tener en cuenta para decisiones sobre esta materia en ulteriores situaciones asimilables a la presente".Ahora, el Gobierno Civil ha remitido al fiscal el informe por considerar que "se han manipulado manifiestamente el objetivo, eslogan y lemas a que hacían referencia los solicitantes". El Gobierno Civi recuerda que la marcha se celebró horas después del asesinato, en San Sebastián, del general Rafael Garrido, su esposa y su hijo, y considera que fue "durante toda su duración, una continua apología de los terroristas y sus métodos, con continuos gritos de apoyo a los asesinos y la soficitud de nuevos asesinatos".
El informe se acompaña de los lemas exhibidos en las pancartas que se mostraban en la manifestación y de ejem plares de algunas octavillas que se repartieron entre los participantes. Los eslóganes más coreados reivindicaban la amnistía y la negociación. En el transcurso de la marcha, los manifestantes corearon también vivas a ETA.
El abogado de HB, Txema Montero, afirmó al conocer la existencia, del informe, que "el Gobierno Civil hace una constante utilización unilateral y abusiva del ministerio fiscal, que es un órgano del Estado y no del Gobierno. Montero considera que la acción gubernativa se inscribe en "la creación de una atmósflera propicia para pedir la ilegalización de HB, que se pretende extender también a la opinión pública por medio de la identificación punto por punto entre HB y ETA".
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