Un fiscal señala irregularidades en la identificación de guardias civiles

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de San Sebastián, Javier Zaragoza, consideró ayer, en el juicio contra cuatro guardias civiles acusados de torturas, que las ruedas de reconocimiento en que fueron identificados los cuatro agentes carecian de valor como prueba acusatoria por haber sido realizadas en circunstancias irregulares. El juicio quedó visto para sentencia.El fiscal se reafirmó en las peticiones realizadas en la última sesión de este juicio, que se inició la pasada semana, pidiendo para el guardia civil Manuel Macías dos meses de arresto mayor y un año de inhabilitación, al considerar que se había cometido un delito de torturas en la persona de José María Olarra "al sumergir la cabeza en un recipiente en agua en varias ocasiones". Solicitó a la sala la absolución de los procesados José Domínguez Tuda, Rafael Sánchez y José Antonio Román.

El abogado de la acusación particular, Íñigo Iruin, indicó que las ruedas de renocimiento que se habían realizado para identificar a los guardias "habían gozado detodas las garantías procesales". Dijo asimismo que no se habían señalado defectos en las mismas por parte de la defensa hasta el momento de la celebración de la vista oral.

Iruin mantuvo su petición de penas de 60 años de inhabilitación y cuatro años de prisión al considerar que se habían practicado torturas a los hermanos Olarra e Ignacio Olaetxea y afirmó: "Nos encontramos ante verdaderas torturas".

El letrado encargado de la defensa de los guardias civiles, Jorge Argote, inició su intervención pidiendo un minuto de silencio por el triple asesinato ocurrido el pasado sábado en San Sebastián. En su informe, el letrado de la defensa manifestó su. protesta porque las diligencias en las que se identificaron a sus patrocinados habían sido "una farsa y una chapuza".

Pidió la libre absolución de los cuatro miembros de las fuerzas de seguridad del Estado por entender que en el transcurso de la vista oral "no había quedado probada la práctica de torturas ni la participación de los procesados en éstas".