El empleo juvenil y la concertación social

Las expectativas de crecimiento económico para estos próximos años (incluyendo el actual) parece que van a permitir un descenso moderado del paro en nuestro país. En el pasado año ya se crearon más puestos de trabajo de los que se destruyeron, aunque no pudieron absorber el crecimiento de la población activa. Existen condiciones, pues, para que los que hoy están trabajando puedan ver el futuro inmediato con una cierta tranquilidad.Evidentemente, este crecimiento económico también favorece a los jóvenes que, se encuentran en paro o que van a formar parte en los próximos años de la población activa. En una situación de estancamiento en la que el mercado de trabajo no sólo se cierra sino que expulsa a cientos de miles de trabajadores, sólo es posible que los jóvenes encuentren un empleo si los que ya trabajan cuestan menos, lo que, desde luego, no va a ser fácilmente aceptado. Y con todo, esta posibilidad se complica más cuando lo que se plantea en muchas empresas es la reducción de sus plantillas.

Pero el crecimiento económico previsible (alrededor de un 3%) no es suficiente por sí sólo para disminuir en términos absolutos y relativos el paro juvenil. Por una razón evidente: con este crecimiento se pueden generar unos 125.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que cada año el incremento de la población en edad de trabajar es de 200.000 (aumento que más o menos se mantendrá hasta 1992).

Aunque sólo un 50% de este colectivo se propusiera buscar un empleo, y teniendo en cuenta el número de jubilaciones que se producen cada año, está claro que el paro a nivel global puede disminuir moderadamente, pero aumentaría la proporción de jóvenes desempleados. Hay que convencerse de este hecho: el crecimiento económico sin más no hará disminuir el paro juvenil.

Estamos hablando además de una tasa del paro juvenil que sigue estando muy por encima del resto de jóvenes de la OCDE, lo que confirma que en España el alto nivel de paro se debe en gran parte al gran número ole jóvenes desempleados.

Dedicar más recursos

Es, pues, imprescindible que la política de empleo esté centrada en el fomento del empleo juvenil. La Administración tiene sus responsabilidades: diseñar el marco jurídico, laboral y educativo -y dedicar los recursos necesarios- que incentive la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. Pero los resultados de estas acciones promovidas desde la Administración tienen unos límites insuperables sin la intervención directa de los agentes sociales y económicos.

Éste es el gran reto de la futura concertación social y la negociación colectiva en estos próximos años. Empresarios y trabajadores deben asumir sus responsabilidades y proponer cada uno a sus interlocutores qué medidas se podrían aplicar en términos concretos y cuantificables para fomentar la contratación de los jóvenes.

En la concertación hay que tratar cuestiones como la formación ocupacional, los sistemas específicos de contratación de los jóvenes (informar a la empresa de sus posibilidades, adquirir compromisos cuantificables, evitar que no se desvíen en los objetivos previstos), las inversiones en las que se prime la contratación de los jóvenes, la promoción de los contratos de relevo...

Pero sobre todo, negociar una cuestión que es decisiva a la hora de decidir a los empresarios a contratar a los jóvenes: los costes salariales. Los empresarios afirman que si fuera más barata la contratación de los jóvenes (sobre todo en el caso de los jóvenes (sobre todo en el caso de los fijos), el paro juvenil disminuiría sustancialmente. Por parte sindical se aduce que no se puede aceptar la discriminación del salario de los jóvenes porque ello produciría, además de abusos, el despido de otros trabajadores adultos que le resultarían más caros a la empresa. Otros han planteado la necesidad de establecer un salario mínimo para los jóvenes que puede llegar hasta los 23 años o más en lugar de los 18 actuales.

Tema polémico

Es evidente que estamos ante un tema polémico, pero no por ello hay que darle carpetazo, porque desde luego el coste salarial es un factor determinante a la hora de contratar a los jóvenes. En muchas empresas existen necesidades que no se cubren porque no les son rentables en las condiciones actuales. Y el problema, a mi entender, no radica tanto en el nivel que se ha establecido el salario mínimo, sino en los salarios que realmente se cobran por los acuerdos de los convenios, y que en algunos sectores es cuatro o cinco veces superior al salario mínimo, lo que significa que por muy poco dinero más se puede contratar un peón con experiencia (en el sector financiero, con un 0,4 más de retribución).

Por otra parte, no se pueden cerrar los ojos a otra realidad: las condiciones en las que trabajan los jóvenes en la economía sumergida y los que lo hacen en empresas legales pero en situaciones irregulares (salarios sin declarar, no están dados de alta en la Seguridad Social, horarios sin ningún control). Los costes salariales inciden en estas situaciones y dificultan la relación laboral regular de muchos jóvenes.

Sindicatos y empresas deben negociar este tema con flexibilidad y valentía, convencidos de que ésta es una de las llaves para abrir el mercado de trabajo a los 1.140.526 jóvenes que están inscritos como parados en la oficina del INEM (según la EPA el número de jóvenes en paro llegará a 1.400.000).

Los resultados de la política económica y de la concertación social se valorarán por su eficacia en fomentar el empleo y muy especialmente, el de los jóvenes. Cada uno debe cargar con sus responsabilidades y olvidarse de la retórica, que no sirve para nada. Sería imperdonable que entre todos no fuéramos capaces de aprovechar esta oportunidad.