El inspector que seguía en activo pese a su inhabilitación esperaba un indulto

Una persona allegada a Manuel Amadeo Abonjo Blanco, inspector destinado en Valencia que sigue en activo pese a estar condenado a 10 años de inhabilitación por un delito de torturas a un parlamentario de Herri Batasuna, ha asegurado que el policía había recibido de sus superiores, esperanzas de ser indultado. Ésta es, según dicha fuente, la razón por la que se ha demorado en 15 meses la ejecución de la sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en junio de 1985.La Audiencia de Bilbao comunicó inmediatamente a la Dirección General de la Policía (DGP) su decisión de suspender la condena por un plazo de dos años. El Código Penal establece que este tipo de beneficios se refiere siempre a penas principales, no a las accesorias de suspensión de cargo o función de carácter público.

Manuel Amadeo Abonjo Blanco y Miguel Ángel Gabino Balbuena, inspectores destinados en 1980 en la Brigada de Información de Bilbao, fueron condenados por aquella Audiencia Provincial, en marzo de 1984, a 10 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación como consecuencia de una querella interpuesta por Xabier Onaindía, diputado de Herri Batasuna en el Parlamento vasco. Confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo, la Audiencia de Bilbao les eximió, mediante una providencia dictada el 4 de julio de 1985, del cumplimiento de la pena de cárcel, ya que ésta era de duración menor a un año y no tenían antecedentes penales.

El día 23 de ese mismo mes la Audiencia bilbaína remitió a la DGP un escrito en el que comunicaba su decisión de otorgar a ambos inspectores "los beneficios de la suspensión de condena por dos años", informa Javier García. Pero no se refería a la pena accesoria de inhabilitación. De hecho, el artículo 97 del Código Penal establece que esta suspensión de condena "no será extensiva a las penas de suspensión de derecho de sufragio y de cargo o función de carácter público, si éstas figurasen como accesorias", como ocurre en este caso.

No obstante, un portavoz de la DGP explicó que ésta se basó en aquel escrito de suspensión de condena para no apartar a Abonjo del Cuerpo Superior.