Elecciones y contaminaciones

DURANTE LOS próximos tres meses los trabajadores españoles tendrán la oportunidad de elegir sus representantes a comités de empresa para un período de cuatro años. No es éste, sin embargo, el único objetivo de las elecciones sindicales. A través de ellas se determina también el nivel de representación institucional de los sindicatos.La categoría de sindicato representativo, determinado mediante porcentajes de delegados por una ley Orgánica, conlleva en nuestro país numerosas ventajas. Entre ellas, la no despreciable de gozar de las ayudas económicas del Estado. Pero posiblemente la más importante sea su reconocimiento como interlocutor social cualificado y su presencia en algunos de los organismos de la Administración.

Realmente es difícil encontrar una institución a la que la sociedad española deba más reconocimiento y con los que esta sociedad haya sido más injusta. En una reciente encuesta sólo un 8% de los trabajadores apoyan decididamente a los sindicatos y una mitad los aceptan pasivamente. Sobre la implantación sindical, más del 95% confesaba conocer a las dos organizaciones mayoritarias, CC OO y UGT, y en tomo a un 70% a CNT y USO. Sin embargo, sólo el 14% reconocía estar afiliado. De las personas encuestadas, el 38,4% declaró no estar dispuesto a votar en las próximas elecciones o votar en blanco.

En este contexto, parece que las elecciones sindicales -y sobre todo el período previo a las mismas- debe servir para fortalecer la imagen y el papel que las organizaciones obreras juegan en la sociedad. Pero también parece claro que la misma fuerza de la ley, los condicionantes que se imponen a los sindicatos para entrar en el campo de juego social, les obliga a lanzarse a una batalla electoral en un derroche de medios y dinero del que andan más que escasos. Todo ello para alcanzar que el Estado reconozca surepresentatividad. En sentido estrictamente legal, el ministerio de Trabajo no convoca las elecciones, pero a efectos de reconocer la representatividad de cada grupo pondera los votos en los tres últimos meses del año electoral.

Efectivamente, el sistema español de elecciones sindicales plantea serias dudas en cuanto a que sea el baremo más adecuado para medir el grado de representación de las centrales. Baste tener en cuenta además de lo apuntado, que el método de los porcentajes de delegados, según la plantilla de cada empresa, hace que un delegado de Renfe, por ejemplo, precise de un número incomparablemente superior de votos al de un pequeño taller de reparación de Automóviles. Puede darse así la paradoja de un sindicato que, a pesar de lograr un numero de votos más alto que su contrincante, quede relegado a una segunda posición y ello provoca, bordeando la picaresca, que las centrales se vuelquen en la pequeña y mediana empresa y abran generosamente sus listas a los no afiliados.

Las elecciones que ahora comienzan presentan además una serie de factores que ponen en duda la limpieza del proceso. La torpeza e inoportunidad con que el Gobierno socialista ha procedido a devolver el patrimonio histórico incautado a CNT y UGT tras la guerra civil es un buen ejemplo. Nadie podrá cuestionar la justicia de restituir a las organizaciones obreras los bienes expoliados. Pero sí es censurable que se haya llevado a cabo en el más absoluto de los secretos. Más aún, el Gobierno no ha creído oportuno siquiera hacer públicos los criterios utilizados por la empresa consultora Richard Ellis para valorar el patrimonio incautado en su día a los sindicatos. No debe sorprender por tanto que numerosos sectores duden de que el Gobierno -aun admitiendo la valoración como correcta- no la haya corregido para favorecer a una de las partes.

El desprecio con que el Ejecutivo parece abordar su política informativa se confirma cuando el Ministerio de Trabajo anuncia sin ningún pudor que no hará públicos los resultados electorales hasta que no finalice todo el proceso. La actitud de constituirse en único propietario de estos datos, hurtando su conocimiento a la opinión pública, no puede siquiera justificarse bajo la excusa de que se trata de no interferir en el proceso electoral y de que al fin y al cabo los resultados se irán comunicando a los sindicatos representados en la comisión consultiva de elecciones sindicales. Ambas razones no resisten el mas mínimo análisis: la falta de datos oficiales convertirá la contienda electoral en una batalla de cifras en la que cada organización se verá tentada a ofrecer los resultados más favorables a la opción que defienden y ocultando los que más les perjudiquen. Sólo los datos refrendados por la Administración, tal y como están las cosas actualmente, pueden impedir la manipulación interesada de las cifras.

Pero las cosas no deberían seguir como están ahora. La paternalista y abusiva presencia de la Administración en unas elecciones que institucionalmente no le conciernen, perturba la marcha del proceso e introduce un intervencionismo que no sin razón provoca sospechas. Entre las reformas pendientes para crear un sistema de definición institucional claro y dinámico, se encuentra evidentemente la que lleve a la desaparición de esa participación administrativa contra natura en el mundo sindical, secuela directa de la dictadura y heredera directa de sus concupiscencias. Las elecciones sindicales serán enconadas, pero en su encono no es el factor menos importante las múltiples aberraciones que las determinan.