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La nueva financiación autonómica mantendrá la diferencia de ingresos 'per capita' entre las comunidades

Andreu Missé

El nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el pasado día 16 supone el mantenimiento, de las diferencias actuales de recursos per cápita que reciben las distintas comunidades. La causa principal del mantenimiento de esta disparidad de ingresos per cápita de los ciudadanos según la región a que pertenezcan deriva de la baja ponderación concedida a la población (69,1%) para calcular los recursos que les corresponden y del excesivo peso de la superficie y del llamado término residual, dependiente del número de provincias (29,1%).

En los idos modelos elaborados por el Gobierno el pasado mes de abril, la ponderación de población era del 86% y del 82%, respectivamente, mientras que la superficie y el llamado término residual oscilaban entre el 11% y el 15%, respectivamente. Según los expertos, el nuevo modelo mantiene la diferencias de ingresos per cápita del sistema actual y que habían logrado reducir notablemente los modelos de abril.Tanto en el sistema actual como en el último modelo, Andalucía y Canarias reciben entre un 40% y un 50% más de financiación per cápita que la Comunidad Valenciana y Cataluña. Los modelos de abril elaborados por técnicos del Ministerio de Economía redujeron estas diferencias a un 20%. Los expertos del Ministerio de Economía observaron entonces los principales defectos aparecidos en el período provisional. En concreto, diferenciaron claramente entre la financiación de los servicios transferidos, que debe ser equivalente para todos los ciudadanos con independencia de la comunidad autónoma a la que pertenezcan, y la política regional, cuyo objetivo principal es disminuir las desigualdades regionales.

Ello significaba conceder una ponderación elevada a la población, ya que precisamente este factor es el más decisivo en el cálculo de los servicios más costosos, como es el caso de la educación. Sin embargo, según los expertos, en la última propuesta parece que han influido más los criterios políticos que los técnico-jurídicos como lo evidencia el hecho de dar una ponderación del 15% a un indicador como el llamado término residual, que ni es citado en la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) ni en los estatutos de autonomía.

La LOFCA establece que, en el período definitivo, el cálculo del porcentaje de participación de las autonomías en los ingresos del Estado se negociará según determinadas bases. La ley cita la población, el coeficiente de esfuerzo fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (IRPF), la relación inversa a la renta real, la cantidad equivalente a la aportación proporcional que corresponda a la comunidad autónoma por los servicios y cargas generales que el Estado continúe asumiendo como propios y otros criterios entre los que se valorará el déficit de servicios y la relación entre los costos por habitante de los sevicios sociales para el territorio de la comunidad y para todo el Estado.

En el nuevo modelo salen especialmente perjudicadas Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque en el cuadro adjunto figuren aparentemente como las más beneficiadas. En el último modelo, que prevé un aumento de la financiación de 40.000 millones de pesetas tomando como referencia 1986, estas tres autonomías reciben 13.955, 5.737 y 7.195 millones de pesetas, respectivamente. Es decir son las comunidades que reciben un mayor aumento en términos absolutos. Sin embargo, estas cifras son muy inferiores a las previstas en el modelo anterior en que se preveía un aumento de la financiación para 1986 de 65.000 millones de pesetas, y en que Cataluña recibía unos 32.000 millones de pesetas; Madrid 7.000, y la Comunidad Valenciana, unos 10.000 millones.

De todas formas, en la práctica la diferencia es aún mayor. La financiación que se trata de establecer es la 1987 y las cifras y magnitudes de 1986 sólo se toman como modelo de referencia. Los expertos calculan que para 1987 el aumento de financiación real será de unos 80.000 millones de pesetas. Andalucía, por ejemplo, que en el último proyecto obtendrá unos 2.000 millones de pesetas más en el modelo de referencia de 1986, aumentará otros 16.000 millones para 1987 consecuencia del efecto financiero (diferencia entre el ritmo de crecimiento de los ingresos del Estado y el coste de los servicios transferidos). En el caso de Cataluña., el efecto financiero apenas es perceptible por lo que el aumento de financiación para 1987 será, muy reducido.

Ni IVA ni IRPF

El nuevo modelo ha dejado prácticamente zanjado el debate sobre la corresponsabilidad fiscal. Al margen del impuesto sobre actos jurídicos documentados, se ha descartado tanto la cesión del IRPF como la del IVA.

T'ambién parece cerrado el contencioso sobre la provisionalidad del llamado sistema definitivo, que había sido reconocida por altos cargos de la Administración. El Gobierno quiere un porcentaje de participación fijo para los próximos cinco años.

Como aspecto positivo se destaca que las comunidades autónomas que contengan territorios calificados como zona asistida podrán proponer proyectos del FEDER y podrán contar hasta con un 30% de su respectivo Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

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