El yerro negociador

De todas las palabras que componen la terminología política del momento, acaso el concepto negociación sea el de uso más abstracto e indefinido. A veces, en efecto, cuando se habla de negociación con los terroristas no se explica a la opinión pública cuáles son los límites de la misma. Es decir, qué se puede negociar, quiénes deben ser los interlocutores y en qué condiciones debe producirse la negociación.Se produce así una cierta algarabía, en la que se confunde la oferta de diálogo hecha por el ministro del Interior en agosto de 1984, la negociación con el Ejército a que aspiran los etarras y un difuso campo intermedio en el que el Gobierno aceptaría a ETA como interlocutor político para regatear, con ellos o con sus representantes, cuestiones que afectan a nuestro marco jurídico-político. Hagamos, pues, algunas precisiones.

Hay que señalar que la negociación política no es una iniciativa de las fuerzas democráticas, sino un objetivo estratégico, aunque coyuntural, de los terroristas. ¿Quién no recuerda en Euskadi el eslogan "la aministía no se negocia", que sus simpatizantes coreaban sin cesar en los primeros tiempos de la transición?

Será bueno recordar en este punto que la aprobación de la amnistía por los representantes del pueblo español en 1977 -con el voto en contra del único diputado que representaba en el Congreso los intereses políticos de ETA y sus simpatizantes- vació las cárceles de etarras y marcó el inicio de la etapa más sangrienta en la ya larga existencia de la organización terrorista. ETA ha asesinado desde entonces a 454 personas, frente a las 69 víctimas que hasta la fecha tenía en su macabra contabilidad. En este mismo período, Euskadi alcanzó las cotas de autogobierno más altas de su historia. Hoy siguen matando para exigir la negociación.

La línea argumental de los partidarios de negociar políticamente es, más o menos, la siguiente: "Hay un problema vasco que viene de lejos y que tiene su expresión en la violencia etarra y en el hecho de que Euskadi rechazó la Constitución española. Hacen falta medidas políticas para acabar con el problema, porque ETA sigue matando y no se va a acabar con ella por la vía exclusivamente policial. Aceptemos la negociación con el fin de que cese la violencia". No faltan quienes refuerzan la argumentación precedente mediante la transferencia de responsabilidad y, en el mismo mes en que ETA cometía uno de sus atentados más salvajes, acusan de intransigencia al Gobierno, mientras atribuyen a los terroristas flexibilidad y talante negociador. Y se nos dice: "¿Cuántos muertos estáis dispuestos a soportar con vuestra cerrazón? ¿Por qué no tenéis el coraje de negociar y acabamos de una vez?". Sería más deseable -y, desde luego, más justo- que quienes desde Euskadi mantienen esta actitud pusieran ese empeño en exigir a ETA que pare de matar en nombre del pueblo vasco.

Presión marginal

El razonamiento negociador contiene algunos errores notables de método y de concepto. Hay que decir en primer lugar que el terrorismo de ETA no es la expresión de protesta de un pueblo que reivindica más autogobierno o tiene un problema de identidad nacional, sino la presión sangrienta ejercida por un sector marginal del nacionalismo vasco que no aceptó el Estatuto de Gernika. El mismo sector anunció la elaboración de un estatuto alternativo que no llegó a ser ni siquiera anteproyecto y que al final quedó reconvertido en el fetiche de la llamada alternativa KAS.

Éste es el proyecto que los terroristas tratan de imponer, total o parcialmente, por la vía del atajo negociador. Porque dicho programa ha concurrido, de la mano de Herri Batasuna, a cuantas elecciones democráticas se han celebrado en el País Vasco, sin haber superado en ninguna de ellas el 11,8% del censo electoral vasco (el 17% sobre el número de votantes). En todas ellas, el pueblo vasco ha otorgado su apoyo mayoritario a un determinado marco jurídico y político para su autogobierno y su libertad. No se entiende por qué un colectivo tan evidentemente minoritario puede imponer en democracia su alternativa a todos los demás, salvo que la mayoría, empujada por el miedo, el cansancio o la ignorancia, haga dejación de sus derechos democráticos.

Otro de los errores de la argumentación negociadora es el de que "Euskadi rechazó la Constitución española". Nada más falso. Es cierto que la abstención en el País Vasco con motivo del referéndum constitucional fue un 20% mayor que en el conjunto de España. Pero el 70% de los votantes vascos dijeron sí a la Constitución de 1978, mientras los votos de rechazo no superaban el 23%.

El pueblo vasco aprobó la Constitución. Tratar de apoyarse en la abstención -en la propia y en la ajena- para sostener lo contrario tiene tanto sentido político como afirmar que la mayoría de los presidentes norteamericanos fueron rechazados por su electorado, ya que la abstención en las elecciones presidenciales norteamericanas supera tradicionalmente el 50%. O como discutir la legitimidad del Gobierno vasco porque el PNV no fue votado por el 71,53% de los vascos en las últimas elecciones autonómicas. El argumento es especialmente falaz en boca de los partidarios a ultranza del asamblearismo, para quienes no hay problema alguno de representatividad en el hecho de que el 10% de los miembros de un colectivo puedan tomar en asamblea decisiones que afectan al 90% restante.

Estatuto y terrorismo

Nuestra historia última ha demostrado sobradamente que el espectacular avance en el desarrollo estatutario y la consolidación autonómica no atajan la voluntad criminal de los terroristas. ETA y HB han combatido frontalmente al estatuto de autonomía y a las instituciones de él surgidas. Baste recordar a este respecto que los dos años más sangrientos en la trayectoria etarra son 1979 y 1980, años en los que entra en vigor el estatuto y los vascos elegimos nuestro primer Gobierno autónomo, respectivamente. Por ello, la invocación de las medidas políticas como talismán, mientras se acusa al Gobierno de aplicar una estrategia exclusivamente policial, responde a una actitud tan maniquea como falsa. Es sobradamente conocido, por otra parte, que la estrategia antiterrorista del Gobierno, además de contar con la eficacia policial y el aumento de la colaboración internacional, tiene en la reinserción social y en el entendimiento con el Gobierno vasco que se materializó en el pacto de legislatura dos de sus instrumentos más valiosos.

Pero el gran error de los partidarios de negociar políticamente con ETA consiste en creer que la cesión ante las exigencias de los violentos es un camino democrático hacia la pacificación. Y es un error porque el Gobierno no es el dueño, sino el depositario de la soberanía popular y del marco jurídico-político que los vascos y el resto de los españoles nos hemos dado a nosotros mismos, y no puede enajenarlos ni siquiera para comprar a los asesinos las vidas de los ciudadanos.

Es un error porque no hay ninguna razón para que el voto apoyado por la muerte valga dos, tres o cuatro veces más que el del resto de los vascos, rompiéndose el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Hará falta recordar que los vascos hemos votado una opción autonómica para Euskadi? ¿Hará falta recordar que los navarros han ratificado con su voto su propio estatuto de autonomía.

Permitir que ETA obtenga contrapartidas políticas para dejar de matar sería alentar a otros grupos minoritarios a tratar de arrancar por la violencia lo que las urnas les niegan, estimular nuevas acciones terroristas.

Creo que la democracia española tendrá que hablar con ETA, pero no negociar políticamente con ella. ETA no puede ser interlocutor político de ningún Gobierno democrático, porque no representa democráticamente a nadie. Creo también que la democracia deberá ser generosa en sus decisiones para acabar con el problema. Pero tendrá que hacerlo en el momento oportuno, salvando los principios y la dignidad del sistema y en el marco de las conclusiones que el Gobierno autónomo y todas las fuerzas democráticas representadas en el Parlamento vasco elaboraron y aprobaron en marzo de 1985.