La CAZAR renovará sus estatutos como pretendía el Gobierno aragonés

El Gobierno aragonés y el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR) han Negado a un acuerdo para poner fin al conflicto más duro surgido hasta ahora con motivo de la renovación de los órganos rectores de las cajas de ahorro. Por dos veces, el Ejecutivo autónomo había rechazado el proyecto de estatutos que permitirá elegir una nueva asamblea y un nuevo consejo en la entidad, dirigida por José Joaquín Sancho Dronda, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Igualmente, la actual asamblea desatendió en dos ocasiones las pretensiones gubernamentales de modificar ocho artículos.

Portavoces del Ejecutivo autónomo y de la CAZAR, entre cuyos responsables se han cruzado descalificaciones personales durante la polémica, coincidieron ayer en afirmar que los nuevos estatutos podrían ser aprobados esta misma semana. El principio de acuerdo fue alcanzado a última hora del viernes, y ratificado el sábado por el consejo de administración de la CAZAR.El consejero de Economía del Gobierno aragonés, José Antonio Biescas, manifestó ayer a este periódico que el consejo ha aceptado todas las pretensiones de la autoridad autonómica, por lo que la dirección de la CAZAR no actuará ante la asamblea en contra de las modificaciones pretendidas por la autonomía en el proyecto de estatutos. El pasado día 5 la asamblea delegó las negociaciones. en el consejo de administración.

En las cuestiones objeto de discrepancias hubo algún tipo de concesión por ambas partes, informa desde Zaragoza Javier Ortega. El actual presidente de la CAZAR, Fernando Almarza, y el secretario general, Enrique González Simarro, no continuarán en sus cargos durante un año más, tal como pretendía la dirección. Ambos permanecen como vocales. El nuevo director general podrá militar en partidos políticos o centrales sindicales, pero no podrá ser cargo público en activo ni pertenecer a los órganos de dirección de partidos o sindicatos.

El cargo de presidente será honorífico y gratuito, pero la futura asamblea podrá decidir si tiene dedicación exclusiva y sueldo, de acuerdo con la ley de cajas. El ayuntamiento de Zaragoza podrá tener hasta tres de los siete consejeros que corresponden a los ayuntamientos Desaparece el derecho de veto que el consejo de administración pretendía tener sobre el nombramiento del representante de la comunidad autónoma en la comisión de control de la caja.

La asamblea general no tendrá obligación de guardar secreto profesional sobre sus acuerdos y deliberaciones, por lo que en el futuro podrían ser públicas. El consejo y la comisión de control sí tendrán carácter secreto, aunque el representante del Gobierno regional podrá informar de lo tratado al consejero de Economía y Hacienda.