Los abogados de Vizcaya condenan la injerencia del Gobierno

La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Vizcaya considera "absolutamente inadmisible la injerencia del Gobierno del Estado en un determinado proceso judicial". La representación colegial de los letrados de Vizcaya interviene así en la polémica suscitada tras la remisión de un oficio -firmado por el teniente coronel jefe de servicios de la Dirección General de la Guardia Civil- que denegaba ordenar la comparecencia de 90 agentes en las diligencias que el Juzgado número 3 de Bilbao sigue para el esclarecimiento de un presunto delito de torturas.

El Colegio de Abogados de Vizcaya afirma, en un comunicado público, que la injerencia del Gobierno "se enfrenta abiertamente con preceptos constitucionales y es impensable en un Estado de derecho". En el comunicado, la junta de la abogacía se solidariza con la juez María Elisabeth Huertas, que dirige el proceso, y con los letrados que representan a la defensa y a la acusación, que "cumplen estricta y fielmente sus deberes profesionales".

La actitud del colegio de abogados -que pide al Consejo General del Poder Judicial "la adopción de cuantas medidas sean necesarias" para que quede garantizada la independencia de la justicia- contrasta con el hermetismo de los jueces de Vizcaya. La Junta de Jueces de la Audiencia de Bilbao se ha reunido dos días consecutivos, sin que se hubiera pronunciado públicamente al cierre de esta edición.

Acto en San Sebastián

En este contexto, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Peris, presidirá el próximo sábado en la Audiencia de San Sebatián la apertura solemne de los tribunales en el presente curso. Al acto asistirán los tres miembros del Consejo encargados de encauzar hacia ese organismo los problemas judiciales del País Vasco, y diferentes cargos públicos.Paralelamente, el diputado de Euskadiko Ezquerra Juan María Bandrés ha planteado en el Parlamento una interpelación en la que pide al Ejecutivo que aclare si existe una orden denegatoria de la comparecencia de 90 guardias civiles en las ruedas de identificación convocadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao. Bandrés también pregunta por las responsabilidades en la desaparición de Santiago Corella, el Nani.