Discrepancias sobre la nomativa electoral entre las centrales y el Gobierno vasco

Los sindicatos mayoritarios del País Vasco y el Gobierno autónomo se encuentran enfrentados ante la falta de acuerdo sobre la normativa que debe regular el desarrollo de las próximas elecciones sindicales, la obligatoriedad o no de preavisar públicamente con un tiempo mínimo de 10 días por parte del sindicato convocante de elecciones en una empresa es el caballo de batalla de las discrepancias entre CC OO y UGT, por un lado, y el Ejecutivo vasco ELA-STV, por otro.

Afirman CC OO y UGT que la aplicación de la cláusula es necesaria para la transparencia democrática del proceso electoral y la libre concurrencia de los oponentes, que, a su juicio, no se daría en el caso de que no hubiera una comunicación pública de la convocatoria.

La central ELA-STV precisa que su rechazo a la inclusión del término es debido a la confusión que puede originar la aplicación de la ley respecto a la prioridad a la hora de preavisar en una empresa y al hecho de que los grupos menos representativos, no puedan acogerse a este derecho.

Temor al fraude

En el fondo subyace el temor de que la falta de preaviso permita a ELA-STV, sindicato de clara tradición nacionalista, contar con la ayuda de las pequeñas empresas, como ocurrió en las pasadas elecciones, según los representantes de CC OO y UGT. El sindicato vasco se defiende y sentencia que "las elecciones sindicales celebradas en 1982 han sido las más limpias y transparentes de todo el Estado", y agrega que su central reclama la misma transparencia y credibilidad para 1986. Durante los anteriores comicios, los sindicatos más importantes de la comunidad autónoma vasca firmaron acuerdos de autocontrol. En 1982 fueron UGT y ELA-STV los que en un principio suscribieron un pacto que fue homologado por el Gobierno vasco. Comisiones Obreras, que lo rechazaba, hubo de firmarlo para no quedarse al margen. En esta ocasión es ELA-STV quien se ha quedado fuera del acuerdo alcanzado entre CC OO y UGT que fue presentado al Ejecutivo vasco para que recogiera en su resolución los aspectos más sobresalientes.