Atentado fallido, probablemente de origen libanés, contra el 'metro' de París

Las autoridades francesas creen que la bomba que fue depositada el pasado jueves en un vagón del metro de París y que no llegó a estallar constituye una nueva advertencia de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias Libanesas (FARL), grupo terrorista que exige la liberación de uno de sus jefes, Abdallah Ibrahim. "Si la bomba, formada por 13 cartuchos de plástico, hubiera estallado, el vagón, lleno de gente, habría saltado por los aires", explicó un portavoz de la policía.
El primer ministro, Jacques Chirac, convocó inmediatamente una reunión con los responsables de Interior y de Seguridad. Ocho compañías de gendarmes han sido trasladadas a París para reforzar la vigilancia y se han hecho repetidos llamamientos a la población para que denuncie cualquier "comportamiento sospechoso". La bomba, depositada en un tren que une el centro de la capital con los suburbios del oeste, fue descubierta por un viajero que tiró de la señal de alarma.
El Gobierno teme que este incidente sea el preludio de una oleada de auténticos atentados, como los que costaron la vida a dos personas y causaron decenas de heridos a principios de este año. Un autodenominado Comité de Solidaridad con los Presos Árabes y de Oriente Próximo (CSPPA), que reivindicó aquellas explosiones, envió el pasado 1 de septiembre un comunicado en el que advertía que si Georges Abdallah Ibrahim, supuesto líder del FARL, y otros tres terroristas no son liberados inmediatamente procedería a "acciones cada vez más duras".
El terrorista libanés podría ser liberado por una decisión gubernamental, ya que ha cumplido la mitad de la condena de cuatro años que le fue impuesta en 1984.
Liberación de Ibrahim
Sin embargo, también está acusado de haber participado en los asesinatos de dos diplomáticos, un norteamericano y un israelí, en 1982. El juez encargado del sumario ha sugerido que no existen pruebas suficientes contra él, pero las autoridades norteamericanas insisten en que sea juzgado.Medios políticos aseguran que, en esta materia, existen "diferencias de opinión" entre Jacques Chirac y el presidente de la República, François Mitterrand. Contra lo que podría parecer, es el primer ministro quien estaría dispuesto a aligerar los trámites de liberación de Ibrahim, mientras que Mitterrand sería partidario de una línea dura. El Gobierno conservador, que ha hecho aprobar una nueva ley antiterrorista y ha introducido una pena de 30 años sin posibilidad de reducción para delitos de este tipo, puede considerar sin embargo que el caso Ibrahim constituye una excepción, y que no compensa mantenerle en prisión durante los próximos dos años si existe el riesgo de sufrir una ola de atentados sangrientos.
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