Txema Montero sostiene que se ha cometido un delito de desacato

Txema Montero, vinculado. a Herri Batasuna y abogado de la acusación en el caso de presuntas torturas al padre del miembro de ETA Tomás Linaza en 1981, presentará hoy en la Audiencia de Bilbao una solicitud para que aclare la existencia del supuesto documento remitido por la dirección general de la Guardia Civil al juzgado de instrucción número 3 de Bilbao. Este supuesto documento afirma que, por orden del Gobierno, no comparecerán ante la justicia los guardias civiles convocados. Montero pide en el escrito que, de confirmarse la existencia del escrito, se procese al Gobierno por un posible delito de desacato.

La titular del juzgado bilbaíno Elisabette Huertas, rechazó ayer cualquier declaración pública sobre tal documento que el 28 de agosto pasado le remitió el director general de la Guardia Civil José Antonio Saénz de Santamaria.

La juez ha presentado denuncia ante el juzgado de guardia contra el diario ABC alegando la posible comisión de un delito de desacato a la legalidad vigente en la información que el diario publicó el pasado miércoles referida a la convocatoria de 90 guardias civiles para la realización de una rueda de identificación.

Tomás Linaza, de 60 años, padre de un presunto militante de ETA actualmente deportado en Cabo Verde, fue detenido el 14 de mayo de 1981 acusado de colaboración con bandas armadas en compañía de un religioso de los padres sacramentinos. Tras ser puesto en libertad sin cargos, denunció haber sido objeto de torturas, testificadas por el médico forense y por su comparecencia ante los medios de comunicación con abundantes magulladuras en diferentes partes del cuerpo.

Actuación iinprocedente

Por otra parte, el abogado encargado de la defensa de los guardias civiles, Pedro Sánchez Ruiz, manifestó su extrañeza ante la existencia del documento de la Dirección General de la Guardia Civil, presuntamente remitido al juzgado bilbaíno. Sánchez Ruiz considera improcedente desde un punto de vista procesal el escrito aludido, en la medida en que la denegación de auxilio a la justicia es un delito castigado por el Código Penal.Fuentes implicadas en el caso afirmaban la posible incoherencia en la actuación de la Guardia Civil ya que el citado cuerpo, según estas fuentes, ha accedido a todas las peticiones formuladas por la juez de Bilbao desde que se abriera el proceso hace cinco años. Entre estas peticiones se incluye el listado de los miembros de la Guardia Civil que servían en aquella fecha en el cuartel de La Salve de Bilbao, lugar donde Tomas Linaza Euba alega haber sido torturado. Elisabette Huertas ha convocado sucesivamente a miembros de la Guardia Civil incluidos en ese listado a fin de que el denunciante reconociera a sus presuntos torturadores.