Interior limitara mas la velocidad en las carreteras

El Ministerio del Interior dará a conocer en los próximos días una serie de medidas, entre ellas una nueva limitación de velocidad en las carreteras, para tratar de disminuir el número de accidentes de tráfico, según fuentes del departamento. Asimismo se endurecerán las sanciones por el incumplimiento de las normas de circulación y serán dictadas medidas encaminadas a evitar la publicidad de los automóviles que se base en las altas velocidades que pueden alcanzar los vehículos. Estas y otras normas constituirán una actuación conjunta de los Ministerios del Interior y Sanidad.

El endurecimiento en las sanciones, que se unirá a las limitaciones de velocidad, implicará en buena parte de los casos la retirada del permiso de conducir por un período de tres o cuatro meses, según los planes elaborados por el Departamento del ministro José Barrionuevo.La nueva limitación de velocidad no será mucho mayor de la ya existente ahora (120 kilómetros por hora en autopistas y 90 en carreteras nacionales), al considerarse que lo básico en la actualidad es que se respeten las normas vigentes, pero servirá para endurecer las multas y sanciones de retirada del permiso, que se piensa puede influir positivamente sobre el número de accidentes graves. Una de las razones que ha movido a los ministerios de Interior y de Sanidad a estudiar la implantación de estas nuevas medidas se deriva del elevado número de muertes que se producen en las carreteras españolas y los cuantiosos costes para la sanidad nacional que lleva aparejados.

A los más de 4.000 muertos por accidentes de tráfico que se producen anualmente hay que sumar los 30.000 heridos graves. Expertos del Ministerio de Sanidad calculan que un herido grave por accidente de tráfico que ingresa en un hospital origina un coste de 18.000 pesetas diarias durante la primera semana, al estar sometido a vigilancia intensiva, y de unas 10.000 pesetas diarias en las semanas siguientes de convalecencia, que suele ser de dos meses. Todo ello significa unos costes para el Insalud e algo más de medio millón de pesetas, por herido (unos 15.000 millones de pesetas en total), a los que hay que añadir los derivados de los procesos de recuperación y rehabilitación.

Más muertes que el cáncer

A este elevado coste económico de los accidentes de tráfico hay que sumar los pagos de la Seguridad Social por invalidez laboral transitoria o definitiva que lleva aparejada la inmensa mayoría. Junto a la limitación de velocidad y el endurecimiento de las sanciones por la infracción del código de circulación, se van a establecer restricciones a la publicidad de automóviles, que en la actualidad tiene absoluta libertad. En concreto, se va a prohibir la presentación de los vehículos en función de la velocidad que pueden alcanzar, dado que las carreteras españolas ya tienen limitaciones al respecto. El número de muertos en carretera es superior al que producen enfermedades como el cáncer de pulmón; y mientras la publicidad del tabaco está limitada, la de los automóviles no.

Las sanciones a que se ven sometidos los infractores de las normas de tráfico son muy leves, según la mayoría de los expertos, en comparación con los elevados costes sociales que provocan los accidentes. Al margen de los accidentes ocasionados como consecuencia del mal estado de las carreteras españolas, parece que existe un gran porcentaje que se debe a imprudencias de los conductores, o al mal estado de los vehículos, cuya sanción todavía es pequeña.

En 1985 se retiraron, temporal o definitivamente, 50.775 permisos de conducir, frente a menos, de 40.000 un año antes. El endurecimiento que supone este aumento es más ficticio que real, dada la escasa operatividad de las retiradas gubernativas o judiciales y el poco tiempo por el que suelen ser suspendidos los permisos. De hecho, en 1985 sólo cuatro personas perdieron definitivamente el permiso de conducir. La suspensión temporal de conducir por decisión gubernativa -competencia del gobernador civil o del director provincial de tráfico- afectó a 15.375 personas, por un período inferior a los tres meses, mientras que las suspensiones por decisión judicial afectaron a algo más de 35.000 personas. La velocidad máxima autorizada en la actualidad es de 120 kilómetros por hora para turismos en autopista y de 100 kilómetros para camiones. En el resto de las vías nacionales desciende, en función de su calidad y seguridad, a 90 kilómetros por hora para vehículos.