La venta de niños se ha convertido en un fabuloso negocio en Brasil
La operación estuvo bien coordinada. Una noche de junio, 50 agentes federales irrumpieron simultáneamente en casa del abogado Carlos Cesario Pereira, de 40 años, en una clínica de maternidad y en varias guarderías clandestinas brasileñas. La policía recuperó 20 niños, desde recién nacidos a tres años de edad, arrestó a siete sospechosos y detuvo a 22 parejas de israelíes que estaban buscando niños para su adopción. Los israelíes fueron liberados posteriormente porque, al parecer, desconocían que aquel sistema de adopción podía ser ilegal.Cesario y dos de sus socios fueron arrestados por tráfico de menores con ánimo de lucro. Aunque abogados como Cesario ayudan a los extranjeros agilizando, de manera rutinaria, los procedimientos de adopción, este tipo de actividad es ilegal en Brasil desde noviembre de 1984 si se realiza mediante transacción económica.
Cesario ha admitido que manejó 150 procesos de adopción a un precio medio de 5.000 dólares por niño (unas 675.000 pesetas), 10 veces más de lo que un abogado medio cobraría por resolver el papeleo del proceso. Argumenta que su minuta incluía costes médicos y que él simplemente se limitó a realizar un servicio humanitario.
En Brasil hay un gran número de niños abandonados, incluyendo aproximadamente los 300.000 que viven en la calle. La mayoría, sin embargo, son de color y las parejas extranjeras prefieren niños blancos. En consecuencia, los niños blancos son un objetivo para los futuros padres adoptivos y para los traficantes sin escrúpulos. La relación de Cesario con los israelíes empezó en 1982, cuando ayudó a una pareja en un proceso de adopción. Otros se enteraron posteriormente, cuando se corrió la voz.
Según la policía, Cesario utilizaba un sistema muy modernizado, en las afueras de una población cercana al puerto de Itajai donde había montado su lujosa granja de bebés. La región tiene un alto porcentaje de población de descendencia alemana, lo cual redunda en un gran número de niños blancos.
La policía asegura que trabajaban para él aproximadamente 60 personas, incluyendo médicos, enfermeras, cuidadoras, funcionarios de juzgados, notarios y chóferes. Además alquilaba mujeres a las que presentaba como asistentas sociales para convencer a las mujeres pobres para que entregaran a sus hijos. Su recompensa: 1.000 cruzados (cerca de 10.000 pesetas) por cada niño que conseguían.
Rosi Jorje, de 18 años, explicó que tomó contacto con ella una asistenta social a finales de octubre, cuando llevaba seis meses de embarazo. Dado que el padre de su hijo, un marinero, había desaparecido, ella aceptó la ayuda de la mujer. A cambio de recibir atención médica, Jorje prometió entregar a su hijo cuando naciera. "La asistenta social me dijo que si yo, finalmente, decidía quedarme con mi hijo, no habría ningún problema", explica. "Cuando nació Daniela dije que quería quedarme con ella. La asistenta social dijo: 'Eso no puede ser', y me la quitó". Nunca volvió a ver a su hija.
Miembros de la banda de Cesario entraban en contacto con los futuros padres en el aeropuerto de ltajai y los escoltaban hasta la granja, donde se les permitía pasar un tiempo con varios niños disponibles para ser adoptados. Una vez que la familia había elegido un niño, se les entregaban los papeles de adopción, que habían sido obtenidos, probablemente, por procedimientos ilegales.
"Cesario se aprovechaba de la extrema pobreza de algunos brasileños y de las necesidades afectivas de los extranjeros, que hubieran pagado cualquier cosa por obtener un niño", afirmó Alcioni de Santana, el superintendente de la Policía Federal de Itajai. "Hay tráfico de niños por todas partes en Brasil, pero yo no he visto nada como esto".
1987, Time Inc.
