Una detenida por el 'caso Scala' reclama desde hace seis años al Estado una indemnización por daños y perjuicios

María Teresa Fabrés, detenida por su supuesta participación en el incendio de la sala de fiestas Scala de Barcelona, ocurrido el 17 de enero de 1978, interpondrá un recurso ante la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de Barcelona para tramitar una demanda contra el Estado por daños y perjuicios. Fabrés, procesada en febrero de 1978, permaneció en prisión, desde esa fecha, primero en Barcelona y después en la cárcel de Yeserías de Madrid, hasta febrero de 1980, cuando se dictó sobreseimiento provisional de la causa iniciada contra ella. Desde hace seis años, sus abogados intentan que el Estado la indemnice.

María Teresa Fabrés se ve imposibilitada por ahora para la reclamación al Estado mientras el tribunal no acuerde el sobreseimiento libre, condición precisada, según la ley, orgánica del Poder Judicial, para iniciar demandas por daños y perjuicios.Esta petición ya fue hecha por su abogado, José María Loperena, el pasado 22 de julio, pero la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia no admitió la petición, razón por la que el próximo 1 de septiembre se presentará el recurso de súplica ante el tribunal.

Durante los últimos seis años, tiempo que ha transcurrido desde que se acordó al sobreseimiento provisional, los abogados de la demandante han desarrollado distintas acciones legales para conseguir el pago de una indemnización por daños y perjuicios, que fijan en 10 millones de pesetas. La demanda se ampara en el artículo 121 de la Constitución, en el que se garantiza a quienes fueran víctimas de un error judicial la posibilidad de cobrar una indemnización del Estado.

Los vericuetos de la justicia

María Teresa Fabrés fue detenida después de presenciar desde la calle cómo siete personas arrojaban un cóctel Molotov al interior de la sala de fiestas, que provocó un incendio en el que murieron cuatro empleados del establecimiento. Tras ser interrogada, el juez decretó su ingreso en prisión con carácter preventivo. María Teresa Fabrés tenía, en ese momento, 17 años.

La prisión provisional se prolongó durante más de dos años, exactamente 742 días. El ministerio público solicitó el sobreseimiento de la causa por entender que no existían indicios de criminalidad en la actuación de la procesada. Por este motivo, María Teresa Fabrés inició ante una sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional las acciones legales para conseguir una indemnización y resarcir el posible error judicial. Este tribunal desestimó el recurso interpuesto alegando que no se había producido ningún error judicial. En el momento de dictarse esa sentencia, en septiembre de 1983, la única. norma legal que se refería al, error judicial era la Constitución,

Posteriormente, el Tribunal Supremo anuló el fallo de la Audiencia, pero no acordó nada respecto a si correspondía o no indemnización. El alto tribunal precisaba que en el momento de iniciarse la demanda todavía no estaba vigente la ley orgánica del Poder Judicial, texto que ahora regula este tipo de reclamaciones. Por esta razón, el tribunal indicaba que debía iniciarse de nuevo la petición de indemniza.ción. Esta solicitud está ahora de nuevo paralizada ante la negatIlva del tribunal a dictar el sobreseimiento libre.